Portavoz de la CSJ confirma el requerimiento fiscal contra dos diputados

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Según informe, este requerimiento en contra de los parlamentarios, es consecuencia de los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, confirmó en las últimas horas que existe un requerimiento fiscal en contra de los diputados nacionalistas Román Villeda Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano Molina.

Además, especificó que este proceso es una política de los entes investigativos. «Tramitar el expediente de la forma más ágil posible es lo que buscan estos entes», señaló.

No obstante, manifestó que el trabajo se está desprendiendo de la Junta de Proponentes; ya que el día lunes 28 de mayo de 2018 inician las audiencias públicas en contra de los señalados. Seguidamente, arguyó que el 29 o 30 de mayo se estaría gestionando la acusación fiscal.

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MACCIH presenta requerimiento fiscal contra diputados nacionalistas

El caso fue informado hoy en la mañana por parte de las autoridades de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA).

El requerimiento fiscal, como lo confirmó Duarte, es contra de los diputados Román Villeda Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano.

Según informe, este requerimiento en contra de los parlamentarios es consecuencia de los presuntos delitos de falsificación de documentos. Así como abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.

En ese sentido, la MACCIH-OEA propuso al Ministerio Público que este caso fuera remitido a UFECIC. Esto, para que fuera investigado por los equipos integrados de investigación y persecución penal.

Según reporte, en las investigaciones que realizaron estos entes, hallaron indicios suficientes que tratarían de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto. En donde los ahora requeridos habrían realizado conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno del Congreso.

Lo anterior, con la presunta finalidad de crear una ley que favorecería a diputados procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos. Así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.