Redacción. El ex fiscal general de la República, Edmundo Orellana, advirtió este jueves que el proceso judicial contra funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de San Pedro Sula no debe convertirse en un instrumento de disputa política, sino mantenerse en el terreno de los tribunales.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Orellana aseguró que el expediente abierto por el Ministerio Público corresponde al ámbito judicial.
“El caso de SPS es judicial y lo resolverán tribunales. Plantearlo en este momento lo convirtió en político-electoral y lanzó el MP al terreno pantanoso de la política, al que ya colgaron la diana de la sospecha. ¿Por qué no esperar después del 30 de noviembre?”, cuestionó.
Caso de la alcaldía de SPS
El pronunciamiento se da tras la presentación de un requerimiento fiscal que señala a funcionarios, exfuncionarios y particulares de integrar una red de corrupción que habría ocasionado un perjuicio superior a 45.5 millones de lempiras a las arcas municipales.
Según el Ministerio Público, entre julio de 2023 y abril de 2024 se adjudicaron 33 contratos fraudulentos a la empresa Constructora Hercod S. de R.L., supuestamente destinados a proyectos de mejoramiento vial que en su mayoría quedaron inconclusos o nunca iniciaron.
Entre los acusados figuran Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega, representantes de Hercod. Además, acusan a Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras.
También fueron imputados Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal; Osman David Chávez Orellana; Denis Jamal Paz Martínez; Alejandra Eunice Amaya Barnica; Marlen Mena Gómez; Luis Enrique Saa; y Walter Cartagena Villagra.
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Investigaciones
Las investigaciones detallan que los contratos se fraccionaron para evadir licitaciones públicas, se otorgaron pagos completos sin supervisión técnica y luego se trianguló el dinero mediante transferencias que terminaron en efectivo, configurando un presunto esquema de lavado de activos.
Mientras el Ministerio Público insiste en que hay pruebas sólidas del fraude, desde la alcaldía y sectores políticos se denuncia una persecución electoral.
El propio alcalde Roberto Contreras afirmó: “Ellos andan buscando diablos donde no existen. Mis manos están limpias”.
El señalamiento de Orellana abre el debate sobre la independencia de las instituciones. Además, plantea los riesgos de que un caso judicial de alto impacto termine contaminado por la coyuntura política.
