Redacción. El gobierno de Estados Unidos ha ordenado una revisión exhaustiva de su política de ayuda exterior y ha impuesto una pausa temporal de 90 días en el financiamiento de ciertos programas internacionales.
La medida, promovida por el Departamento de Estado, tiene como objetivo evaluar el destino de los fondos y eliminar gastos considerados innecesarios, asegurando que cada dólar contribuya a la seguridad y prosperidad del país.
Un presupuesto multimillonario bajo escrutinio
Cada año, Estados Unidos destina alrededor de 40.000 millones de dólares en asistencia internacional, cifra que representa casi el 40 % de la ayuda humanitaria a nivel mundial.
Este financiamiento cubre programas de desarrollo, asistencia en desastres y cooperación en seguridad con otras naciones.
Sin embargo, la administración ha señalado que algunos de estos fondos han sido asignados a proyectos que no responden a los intereses nacionales, lo que ha motivado la revisión.
Según el Departamento de Estado, la pausa busca evitar que los programas de asistencia operen sin un control adecuado.
La administración sostiene que algunos proyectos han sido financiados sin una evaluación rigurosa de su impacto y beneficio para EE.UU., lo que ha generado dudas sobre su efectividad y pertinencia.
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Programas afectados y excepciones
Entre los programas con financiación suspendida se incluyen:
- Distribución de anticonceptivos en Gaza.
- Iniciativas de justicia climática en Gabón.
- Programas de energía limpia para mujeres en Fiji.
- Proyectos de planificación familiar en América Latina.
- Educación sexual y salud reproductiva en diversas regiones del mundo.
No obstante, la asistencia humanitaria de emergencia, que incluye el suministro de medicamentos, servicios médicos, alimentos y refugios, seguirá en marcha.
También aprobaron exenciones de seguridad nacional para proteger al personal estadounidense en el extranjero y agilizar la repatriación de migrantes ilegales.
Finalmente, desde la implementación de la pausa, el Departamento de Estado ha recibido solicitudes de exención por miles de millones de dólares.
En los próximos meses, este proceso de revisión podría llevar a una reestructuración importante de la asistencia internacional de EE. UU., redefiniendo prioridades de financiamiento y distribución de recursos a nivel global.