Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) advirtió este miércoles que tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andino del Fomento (CAF), la única acción que queda es que se declare inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El gerente de Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórzano, manifestó que como empresa privada no están en contra del CAF, pero son de la opinión de que el proceso legislativo no se cumplió.
«No estamos en contra del CAF, incluso en otras ocasiones hemos manifestado que el poder tener más bancos y organismos multilaterales que puedan generar financiamiento a Honduras es favorable. Esto siempre y cuando se analicen bien las partes de los financiamientos de esos préstamos que se dan al país», comenzó diciendo Solórzano.
No obstante, aclaró ser contundentes en el sentido de asimilar que como empresa privada continuarán haciendo análisis que corresponde. Esto sin ningún tipo de sesgo de ninguna clase.
En tal sentido, reiteró el incumplimiento en el proceso, pues asegura que la aprobación del acta sí es un requisito para la validación de los actos jurídicos.
«Por lo tanto, lo que procede aquí son acciones de inconstitucionalidad de cualquier persona que sienta una afectación directa y legítima, que pueda llegar a interponer ante la Corte Suprema de Justicia», añadió.
Análisis de formación
Por otra parte, el análisis sobre el proceso de formación, sanción y promulgación de la Ley realizado por el COHEP, expresa que es evidente que existió un vicio de nulidad en la aprobación del acta.
«La Junta Directiva del Congreso remitió el Decreto No. 38-2023 entre el 16 al 29 de mayo para la sanción de la Presidencia de la República, quien sancionó este decreto el 19 de mayo de 2023. Esto sin que previamente se aprobara el acta correspondiente», cita el documento.
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Ingobernabilidad en el CN
Asimismo, el representante de la empresa privada, también manifestó que este proyecto de Ley ha evidenciado y generado la ingobernabilidad dentro del Poder Legislativo.
«Aquí el llamado es a la clase política, representar al Congreso Nacional para que puedan resolver esas diferencias de forma política, que gobiernen. El CN es el poder del Estado donde debe ser primordial el diálogo, son 128 diputados que deben ponerse de acuerdo», expresó Solórzano.
