Redacción. En fechas recientes se viralizó en las redes sociales un video en que se observa a un agente de la Policía Nacional de Honduras arrebatándole de las manos el teléfono a una ciudadana mientras ella graba lo que parece ser un arresto en la carretera.
En las imágenes se observa que la hondureña viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de un joven. Ella sacó su dispositivo para filmar lo que estaba sucediendo, pero los uniformados actuaron con violencia.
El abogado penalista Raúl Suazo confirmó a Diario Tiempo que esas situaciones constituyen un delito, ya que se vulnera el derecho constitucional de la ciudadana a la libertad de expresión.
«Es un derecho grabar en público siempre y cuando no se entorpezca la labor policial. Es libertad de expresión y derecho a la transparencia en la función pública y la acción. Según ese video, lo que hace el policía con la ciudadana es que le arrebata el celular. Esto puede ocasionar que el oficial incurra en una falta grave o incluso en un delito», acotó el experto.
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¿En qué delitos incurren?
El abogado hondureño indicó que el delito en que llegarían a incurrir los agentes policiales que hacen ese tipo de acciones es abuso de autoridad. Esto, porque al ser funcionarios públicos exceden sus atribuciones y, con su cargo, vulneran los derechos de los ciudadanos.
«El delito se configura porque no hay ninguna justificación legal para coartar el derecho a la libertad de esta ciudadana, que se conduce con su teléfono y va grabando», externó Suazo, al resaltar que si los policías no le regresaron el teléfono a la afectada, se sumaría el delito de robo y daños a la propiedad.
De acuerdo con el abogado penalista, el oficial de policía no tiene ningún derecho a borrar la grabación. Lo anterior, porque está censurando y vulnerando los derechos fundamentales de la hondureña.
«Se puede grabar siempre y cuando el video o la cámara con la que se graba no se considere una evidencia que podría usar la policía. Pero, en este caso, en el video se nota que no lo hace por eso, sino que simplemente como un acto intimidatorio y de violencia para tratar de impedir que los filmen a ellos», expresó.
Puede denunciar
El experto detalló que la ciudadana puede presentar una denuncia administrativa o penal. Ésta última en caso de que no le hayan regresado su teléfono tras el incidente o si sufrió algún golpe debido a la fuerza ejercida por el uniformado.
«Ella tendría que poner en conocimiento de las autoridades y, con ese video, habría una evidencia para demostrar el abuso de autoridad por parte del oficial», añadió Suazo.
El profesional del derecho recordó que los agentes policiales tienen una formación académica para tener sus cargos. Por ello, mientras estén en el ejercicio de sus funciones, deben de respetar los derechos y garantía, la Constitución de la República y, sobre todo, a las personas que deben proteger.
«Tienen que abstenerse de usar la fuerza para lograr su desempeño. Ellos no pueden arrebatarle un teléfono porque hay un derecho legítimo de todas las personas a la libertad de expresión», cerró.
