Redacción. El abogado defensor de los policías depurados, Abel Orellana, dio a conocer que se demandará a los exmiembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
Orellana destacó que la denuncia la interpondrán ante el Ministerio Público y responde a un importante número de exoficiales separados ilegalmente por la comisión.
Dicha demanda, será por los delitos de desplazamiento forzada, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios.
«Está situación no debe quedar al margen… se va a aplicar la ley contra esta comisión depuradora que hizo este tremendo desastre», aseguró Orellana.
Asimismo, indicó que «por estas acciones es que estamos preparando ahorita la acción criminal contra esta comisión depuradora. El Código Penal lo tipifica como un desplazamiento forzado y no voluntario que le hicieron a esta gente».
De la misma manera, resaltó que los «depurados están sufriendo, ellos y su familia por el desplazamiento forzado que se les hizo cuando eran miembros activos en la Policía Nacional«.
Por otra lado, explicó que «la Secretaría de Seguridad ha actuado de manera inteligente en tomar en consideración a varios Policías que ya están reingresados a la institución».
Sin embargo, «esto no quiere decir que el Estado va a erogar aproximadamente entre 2,500 a 3 mil millones de lempiras para el pago de daños y perjuicios que le ocasionaron a esta gente», agregó.
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Depuración policial
En 2016 se impulsó uno de los procesos de depuración policial más ambiciosos del continente. Procedimiento en el cual se separó al 35% del personal de la Policía Nacional de Honduras (PNH). Es decir, unos 4,678 agentes y oficiales.
Dicha comisión estaba integrada por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, Omar Rivera por la sociedad civil, la abogada Vilma Morales y el pastor Alberto Solórzano.
Posteriormente se integraron como asesores, el abogado German Leitzelar, el pastor Jorge Machado y Carlos Hernández.
Desde su creación, la mayoría de las comisiones han sido criticadas por falta de compromiso del Estado, conflictos de labores e intereses y la oposición de la Policía.
Sin embargo, la depuración de 2016 se considera la más exitosa de todas, según expertos.
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