TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los policías acusados por la muerte del joven barrista y aficionado del Real España, Wilson Ariel Pérez, habrían montado un operativo sin autorización y, además, fabricaron una falsa denuncia, así lo dio a conocer el informe del Ministerio Público (MP).
El pasado 31 de mayo, se reportó el deceso del aficionado, quien el 29 de mayo en un encuentro deportivo agredió a una oficial de policía.
En un inicio, los agentes policiales que ejecutaron el operativo, aseguraron que el barrista falleció en un enfrentamiento, donde también resultó herido un agente de la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
No obstante, ese supuesto herido no apareció y diferentes entes defensores de derechos humanos pidieron investigar el caso.
Un mes después del hecho, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía, a raíz de investigaciones, lograron determinar que no hubo enfrentamiento, sino que le dispararon por la espalda.
En ese sentido, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), del Ministerio Público, presentó un requerimiento fiscal contra los imputados.
Acusados
Los acusados por la Sección de Investigación de Muertes Cometidas por Miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, Orden Público o Funcionarios del Estado de la FEDCV son:
- El subcomisario de policía, Carlos Roberto Escobar Mejía. A él lo acusan por los delitos de asesinato, tortura, falsificación de documentos públicos y simulación de infracción inexistente y el subinspector de policía.
- Luis Armando Sauceda Santos, por el delito de encubrimiento de asesinato.
- El agente de investigación Bayron Patricio Zelaya Gálvez por los delitos de encubrimiento de asesinato y encubrimiento de tortura
- Y la agente Chelssi Patricia Sandres Hernández por el delito de falsificación de documentos públicos.
De acuerdo con lo revelado por el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, los tres últimos acusados habrían elaborado un reporte de una denuncia falsa.
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¿Cómo cometieron los delitos?
La investigación de los agentes concluye que el día del hecho, dos equipos de policías asignados a la FNAMP se dirigieron a la colonia Nueva Esperanza de San Pedro Sula.
Una vez en el lugar, ingresaron a la vivienda de la víctima, quien al ver la presencia de las autoridades salió en veloz carrera por uno de los bordos del río Piedras.
A esa acción, los uniformados respondieron disparándole, impactándole uno de los proyectiles en la espalda del aficionado.
Posteriormente, los policías lo subieron a la paila del vehículo tipo pick-up, en el que se conducían. Ahí lo sometieron y lo torturaron cuando lo trasladaban al hospital Mario Catarino Rivas, donde murió, según el MP.
Dictamen forense contrasta versión de agentes
El dictamen de autopsia determinó que la causa de muerte de Wilson Ariel, fue por una herida por arma de fuego con laceración pulmonar derecha y hemotórax derecho.
Ante esa situación, los agentes lograron acreditar además que el arma de fuego encontrada, fijada y levantada en la escena del crimen por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) corresponde a una pistola, marca Girsan, serie T6368-11 G 00020, que fue hurtada por agentes de la FNAMP, en fecha 16 de octubre del 2020, en operativo realizado en Quimistán, Santa Bárbara.
Sumado a ello, en las inspecciones que se practicaron se recolectaron dos casquillos metálicos cerca del lugar donde recibió el disparo Wilson Ariel. Además, hallaron otros dos casquillos a inmediaciones donde se encontró el arma antes descrita.
Tras compararse balísticamente, el dictamen concluyó que estos casquillos los percutieron del arma decomisada en 2020. Lo anterior desvirtúa la versión que hubo enfrentamiento o atentado en contra de la autoridad.
Fiscalía buscará la culpabilidad de los imputados en audiencia
La tarde de ayer, lunes, un Tribunal de San Pedro Sula dictó detención judicial para el subcomisario Carlos Roberto Escobar Mejía, mientras que los otros tres acusados se defenderán en libertad.
El portavoz de los tribunales sampedranos, Ruy Gabriel Barahona, informó que el comisario deberá guardar prisión en una base militar ubicada en El Progreso, Yoro.
Por otro lado, Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público (MP), externó que ellos pedían la detención judicial para los cuatro policías, pero hay elementos que estimaron para tomar la decisión de solo dejar recluido a uno.
En tal sentido, Jorge Galindo informó que para la audiencia inicial programada para este fin de semana, la Fiscalía buscará la prisión preventiva para los otros tres imputados.
«El Ministerio Publico en la audiencia inicial de este fin de esta semana va a demostrar la prueba indiciaria que vincula a estas cuatro personas en las actuaciones arbitrarias que tuvieron lugar en San Pedro Sula», expuso.
«Se va a solicitar el auto de formal procesamiento y prisión preventiva», aseguró.
Defensa de policías: Hay acusaciones que pueden relacionarse
Por su lado, Allan Reyes, el abogado de los cuatro policias, dijo que algunas de las acusaciones contra los uniformados son «a priori» y que algunos hechos podrían estar relacionados con otros, pero se subsumen.
«El MP tiene la facultad de emitir requerimiento y señalar los delitos, la defensa se encarga de desvirtuarlos en el proceso. Hay unas acusaciones a priori que pueden estar relacionadas, unos hechos con otros, que se subsumen. No quiero ahondar porque tendremos que establecer esto en una audiencia inicial, es disposición del MP», señaló.
En cuanto a la tortura aseguró que el MP tendrá que probar esos hechos en la audiencia inicial del proceso judicial.
Reyes expresó que los oficiales de policía involucrados en la muerte de Pérez, no sabían de quién se trata y únicamente atendieron una denuncia recibida.
«Hemos hablado con nuestros representados y nos dieron una versión de los hechos. Ellos en ningún momento sabían de quién se trataba, recibieron una denuncia», indicó.
Agregó que «se desplazó un equipo, pero desconociendo de quién se trataba no había ningún perseguimiento o localización de una persona en equipo».
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