Ha retornado a la palestra legislativa el incordio de la depuración de la Policía Nacional, un tema que adquirió prioridad en 2011 cuando la sociedad hondureña se conmocionó con el caso histórico del asesinato de estudiantes universitarios a manos de policías criminalmente organizados.
La condena pública en aquel momento obligó a la administración Lobo Sosa (N, 2010-2014) a un amplio examen de los organismos de seguridad interna, y, en consecuencia, a la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP).
Ambas entidades –DIECP y CRSP—emprendieron su trabajo, en cierto modo en posiciones contrapuestas, con resultados fallidos por diferentes motivos: la DIECP por la complejidad de la corrupción en el interior de la entidad policial y la dificultad, en suma, de articular una acción depuradora independiente, y, en el caso de CRSP, por la evidente falta de voluntad política para aplicar sus planteamientos y recomendaciones.
Cabe reconocer la excelente labor de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, organismo colegiado con financiamiento internacional, que hizo un análisis exhaustivo de la situación de la seguridad interna y cuyas indicaciones de reforma policial se ajustan, con bastante exactitud, al interés nacional y a la modernización y profesionalización del sistema, con mecanismos probados como, por ejemplo, la creación de la policía comunitaria.
Huelga señalar, asimismo, la elaboración de varios estudios con el mismo propósito de depuración y modernización policial realizados en el contexto de la cooperación internacional, entre ellos por parte de España, Chile, México y Colombia, para citar algunos, que, en determinados aspectos, coincidieron con la visión y estrategia de la CRSP.
Todo ese costoso aporte quedó, a final de cuentas, en las gavetas del olvido, como alimento para la polilla, porque se impuso la política de fragmentación y desarticulación del ente policial, en función de la doctrina vigente de la seguridad nacional, que de “nacional” solamente tiene el nombre. Esa fragmentación, en extremo profusa, responde al propósito del control externo y al modelo de la militarización general.
Actualmente se ha introducido en el congreso nacional dos proyectos de ley aparentemente orientados a la reforma policial, pero, en último análisis, a la conservación del sistema conteste con la doctrina de la seguridad nacional. Uno de estos proyectos es la Ley Orgánica de la Policía Nacional, con retorno al control central al director general (vale decir el Ejecutivo) y el otro proyecto enfocado a la creación de la División de Investigación y Evaluación Policial, todo esto en sustitución de la DIECP. Ambos proyectos, regresivos, rezan a un solo Dios verdadero.
A final del día, la cuestión fundamental en este asunto fundamental, estratégico en la conformación y conducción del Estado, es de simple conclusión: el sistema de seguridad nacional, de acuerdo con la vieja doctrina progresivamente mimetizada de la seguridad nacional, desconoce la división entre seguridad interna (de la policía) y la externa (de las fuerzas armadas), y está dirigida a supresión de la soberanía nacional y para el funcionamiento del terrorismo institucional en escala continental y global.
Desde esa perspectiva poco o nada importa la seguridad interna propiamente dicha, como tampoco importa la corrupción y la impunidad pública-privada doméstica, a menos que combatirla convenga, eventualmente, a los intereses supranacionales.
Esa es una triste realidad a la que debemos darle la más atenta consideración, pues, como bien se sabe, quien controla la seguridad nacional, la verdadera seguridad nacional de un país, pasa a ser el dueño del Estado y de la soberanía nacional.
