SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Esta mañana se celebró la audiencia de declaración de imputado contra Jonny Alexander Carrasco Espinoza, de 31 años de edad, cuarto policía activo adscrito a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, implicado en el delito de secuestro.
Fue esta tarde cuando se supo que le dictaron detención judicial. Además, se determinó mandarlo a la Penitenciaría Nacional de Támara en el distrito central.
Se conoció que el lunes 18 de junio del presente mes asistirá a la audiencia inicial. Lo anterior, junto a sus tres compañeros policías que también están señalados por secuestro.
A la Penitenciaría Nacional de Támara fueron enviados la mañana de ayer jueves los otros tres miembros de la Policía Nacional de Honduras acusados de secuestro.
Los sospechosos fueron capturados mediante la «Operación Dragón VI». Dicho operativo lo realizaron el pasado miércoles el Ministerio Público y demás entes de seguridad. Estas personas responden a los nombres de: Yimer José Montes Carranza, José Francisco García Ordóñez e Ismael Alberto Enríquez.
Ellos son señaladas por el Ministerio Público (MP) por el delito de secuestro. Esto, en perjuicio de un testigo protegido. En consecuencia, los presentaron a la cita de declaración de imputado. Allí, la juez que conoce su caso les programó la audiencia inicial para el día lunes 18 de junio.
Las acciones se ejecutaron en cumplimiento a tres órdenes de captura. Estas las emitió el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula, de fecha 12 de junio de 2018.
Concluido el proceso de investigación se procedió a identificar, judicializar y capturar a los tres policías. A quienes posteriormente pusieron a la orden del juzgado que emitió su formal orden de captura.
EN PRISIÓN LOS CUATRO POLICÍAS
Cabe mencionar que una vez conocido el ilícito, el alto mando policial instruyó iniciar una exhaustiva investigación. Lo anterior, para determinar el grado de responsabilidad de los agentes.
Durante la lectura de un comunicado, las autoridades policiales aseguraron que “no permitirían que acciones fuera de ley de sus funcionarios dañen la imagen institucional y propicien desconfianza en la población”.
