Redacción. Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) —a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP)— han intervenido barrios y colonias de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, en una operación destinada a capturar criminales que generan temor entre la ciudadanía.
Los operativos se mantendrán de forma permanente en los barrios Buenos Aires y El Bosque, así como en otros sectores como el barrio El Picachito, la colonia Sagastume y las áreas aledañas, donde se realizarán diferentes acciones con el propósito de desarticular las estructuras criminales.
El capitán de las FFAA, Mario Rivera, informó que estarán las 24 horas realizando patrullajes, retenes y registros. Además, llevarán a cabo allanamientos y ejecuciones de órdenes de captura. «Con esta intervención se pretende capturar a personas vinculadas a estructuras criminales y combatir la delincuencia común y el crimen organizado en la zona», externó el agente.
Autoridades han reiterado su compromiso en mantener las acciones de manera indefinida para garantizar la seguridad de la ciudadanía y lograr un impacto positivo en la lucha contra el crimen en Tegucigalpa y otras áreas afectadas.
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Honduras bajo estado de excepción
Ante la alta tasa de criminalidad en el país, el gobierno decretó el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022, el que se ha extendido varias veces desde entonces. La última extensión se publicó en el Diario La Gaceta el 4 de julio de 2024 y estará vigente hasta el 18 de agosto.
La medida afecta a 226 municipios en todo el país y permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial. Suspende ciertas garantías constitucionales como la libertad personal, de asociación, reunión y circulación.
El gobierno argumenta que la medida ha sido efectivo para reducir la tasa de homicidios y capturar a más de 3,000 miembros de estructuras criminales. Pero las acciones han recibido críticas de instituciones como el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los entes señalan la suspensión de derechos fundamentales como un problema preocupante.
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