Redacción. La Policía Nacional anunció este jueves la «Operación Alcázar», un nuevo despliegue de fuerzas en barrios de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras zonas catalogadas como de alta peligrosidad.
El plan Alcázar contempla operaciones policiales de prevención y control del delito, incluyendo la ejecución de órdenes de captura, la detención de miembros de maras, pandillas y estructuras criminales, así como acciones contra el microtráfico, decomiso de armas y regulación de la venta de bebidas alcohólicas.
Este plan se implementará en Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Yoro y Juticalpa, ciudades con alta incidencia delictiva, concentrando las acciones operativas en estos sectores.
Estrategia de la Policía Nacional
Según el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, la estrategia busca “intensificar la prevención y el control del delito” y se enmarca dentro de lo que el Gobierno presenta como logros del estado de excepción.
“Hoy demostramos que no vamos a retroceder en la lucha contra las maras y el crimen organizado; vamos a entrar con firmeza a los barrios donde antes nadie entraba”, declaró Sánchez durante el lanzamiento. Sin embargo, las cifras y la realidad en las calles contradicen el discurso oficial.
Sánchez afirma que las acciones del «Operativo Alcázar» se intensificarán y que no serán iguales a las implementadas bajo el estado de excepción.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (ONV-UNAH), en lo que va de 2025 se han registrado 15 masacres con 52 víctimas mortales. Este dato representa un incremento del 87.5% respecto al mismo período de 2024, cuando se reportaron ocho hechos con 25 fallecidos.
“Los homicidios múltiples conmocionan, le causan miedo a la población y muestran que este es un país inseguro”, advirtió Migdonia Ayestas, directora del ONV-UNAH.
Cifras de la Policía Nacional
Estas cifras contrastan con las presentadas por la Policía Nacional, que asegura una “histórica reducción del 14% en la tasa de homicidios” entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.
Según la institución, 108 municipios reportan cero homicidios, lo que representa el 36% del territorio nacional.
Pero la percepción ciudadana no coincide con las estadísticas oficiales. En sectores como Rivera Hernández, en San Pedro Sula, o la Kennedy, en Tegucigalpa, la indignación crece porque no se perciben operativos constantes ni una presencia policial efectiva.
“Nosotros seguimos a merced de las maras. Aquí no se ven patrullas ni operativos, solo aparecen cuando hay cámaras o una masacre”, denunció Carmen Martínez, vecina de SPS.
En Tegucigalpa, un comerciante de la colonia Kennedy declaró: “hablan de operativos, pero en los barrios la Policía no está; uno vive con miedo todos los días”.
Estado de excepción
El estado de excepción, prorrogado ya 18 veces desde 2022 y extendido a 226 municipios, también ha sido cuestionado por organismos internacionales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió que los resultados son limitados.
«Entre octubre de 2023 y junio de 2024, apenas el 0.8% de las detenciones estuvieron relacionadas con la extorsión, delito que justificó la medida. Al mismo tiempo, se acumulan 428 denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad», asegura OACNUDH.
Mientras el Gobierno celebra supuestos logros, los indicadores de violencia reflejan otra realidad. Además, las voces ciudadanas muestran que la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones del país.
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La incógnita sigue latente entre los hondureños. ¿Representará la Operación Alcázar un cambio real o quedará en el listado de promesas incumplidas en un país donde la seguridad continúa siendo una deuda histórica?
