Policía de Honduras: Comisión Depuradora le tira lo más «caliente» al MP

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Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía.

TEGUCIGALPA. El presidente de la Confraternidad Evangélica y miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Alberto Solórzano, le tiró al Ministerio Público (MP) la «papas calientes» de investigar las denuncias de algunos generales. Ellos, dijo, deben actuar de oficio ante las denuncias hechas por varios oficiales ante los medios de comunicación.

El pastor evangélico deslindó así la responsabilidad de la Comisión Depuradora que hasta el momento ha estado revisando y evaluando los expedientes de los generales y a partir de hoy martes los curriculum de 46 comisionados de la Policía de Honduras.

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El sábado pasado, otro miembro de la Comisión Depuradora, Omar Rivera, dió pistas de que la función de ellos será netamente administrativa al decir que“no están hablando que los oficiales suspendidos o retirados sean criminales o corruptos».

Rivera dijo que durante el segundo proceso de evaluación, que se inicia hoy martes y podría terminar la semana proxima, la Comisión de Depuración sólo determinará qué oficiales de esta » escala seguirían en la policía y quiénes serán suspendidos y cancelados de acuerdo a las pruebas que encuentren en los expedientes».

Rivera, incluso, explicó que analizarán la posibilidad de considerar el derecho de los oficiales investigados a una jubilación, siempre y cuando se verifique a través de sus expedientes que están habilitados para gozar de ese derecho”, aclaró Rivera.

Solórzano consideró que las denuncias de algunos generales las debe abarcar el Ministerio Público, porque “hay personas que han estado dando declaraciones muy puntuales, que dicen que tienen pruebas, que involucran a (otra) personas”.

Por ejemplo, el exdirector de la Policía Nacional, comisionado general Ramón Sabillón, dijo el pasado 20 de abril que él sostuvo una plática con “los Valle Valle” donde le hicieron la revelación de que al menos 15 personas que fueron electas por voto popular (políticos) y que hoy son funcionarios activos, financiaron sus campañas con fondos del narcotráfico».

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Según informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras a los que ha tenido acceso el The New York Times, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, trabajaron para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales y organizaron, ejecutaron y encubrieron el asesinato del General Julián Arístides González, zar antidrogas, y de Alfredo Landaverde, que había ejercido el mismo cargo.

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Ramírez del Cid dijo al The New York Times que “son informes manipulados, elaborados de manera fraudulenta. Hay mala intención”. Luego ha señalado directamente a Óscar Álvarez, ministro de Seguridad entre 2010 y 2012 y hoy jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso, de ser el responsable de las acusaciones contra ellos.

En su nota publicada el sábado el The New York Times, dice los siguiente: Ramírez del Cid afirmó: “Lo que quieren hacer conmigo ya lo hicieron con mi hijo, quieren meterme preso y matarme”. Su hijo fue asesinado por sicarios en 2013. El general acusó a su sucesor, el General Juan Carlos Bonilla, de ser el responsable del crimen.

Por su parte, el comisionado de Policía Henry Osorto, ofreció las primeras declaraciones contra de civiles que manejaron a la Policía: “Hubo ministros y viceministros que politizaron la seguridad y llegaron en taxi a la Secretaría y después salieron millonarios”, dijo sin citar nombres.
Según Solórzano, el MP debe estar actuando “de oficio, no debería estar esperando a que la comisión le invite a hacer ese trabajo”.

“Cuando una personas comparece en los medios y dice que tiene pruebas, que sabe, inmediatamente se le debería citar”, declaró.