Policía de Honduras: Caso Arístides y el Informe que nadie «vió ni leyó»

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Delcid, Muñoz, Licona, Sauceda y Vásquez.

TEGUCIGALPA. El informe sobre el crimen del zar antidrogas, Julian Arístides Gonzáles (JAG), parece retomar la ruta legal que debió seguir cuando fue elaborado hace más de 5 años y «engavetado» supuestamente en los escritorios de la Policía de Honduras ante la mirada desentendida y temerosa de las autoridades respectivas de aquel entonces.

El voluminoso expediente donde se resumen todas las investigaciones que hizo la policía sobre el bien planificado atentado contra el jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público, Julián Arístides González Irías, en 2009, sería entregado en las próximas horas, según anunció el ministro de la Secretaria de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco. El aviso lo hizo el propio funcionario en una conferencia realizada en la Academia Nacional de Policía Nacional (ANAPO), en la tarde del pasado martes 5 de marzo de 2016.

Se ha hecho entrega al Ministerio Público de un amplio expediente investigativo que está en poder de la Policía Nacional y que sea entregado a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso, confirmó el general Pacheco Tinoco en esa conferencia de prensa sin anotar dónde o quién tenía el expediente.

El expediente «JAG» permaneció «engavetado» supuestamente en los escritorios de la Policía Nacional y no fue hasta el lunes 4 de marzo de 2016 que trascendió su existencia tras ser publicado por diarios impresos del país.

En la comparecencia el general Pacheco Tinoco fue más allá y anunció que se procedería a suspender a tres oficiales, no especificó sus cargos y nombres, y luego enviarlos a la orden del Ministerio Público para su investigación por el crimen de Arístides Gonzáles.

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Eso si, el general aclaró, sin especificar la procedencia de  la información, que la mayoría de los involucrados en el caso JAG «están ya fuera de la institución y que los que continúan activos se pondrán a la orden del Ministerio Público».

“Se ha instruido al director de la Policía Nacional poner a disposición del Ministerio Público todos aquellos indicios que se encuentren en los archivos para que sean valorados y sirvan para el esclarecimiento de este hecho criminal”, indicó Julián Pacheco.

Seguidamente, Pacheco Tinoco matizó su declaración: “No se protegerá a ningún funcionario de la institución policial que aparezca en este crimen y en otros casos a futuro”.

La noche del lunes, la Policía Militar intervino la sede de la policía en Casamata, donde supuestamente incautaron documentos que ayudarán a esclarecer el crimen de Julián Arístides Gonzáles , aunque este operativo fue catalogado como show por la expolicía María Luisa Borjas, una permanente critica del estatus policial de Honduras.

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«Después de tantos años que van a encontrar», dijo la oficial en retiro al comentar sobre el allanamiento al cuartel general de la Policía de Honduras en Tegucigalpa. Ella fue amenazada por emitir estas opiniones.
Otro allanamiento que hizo la policía fue el ejecutado el martes por la tarde en las instalaciones de la Inspectoría de la Secretaría de Seguridad, en el sector del Ocotal, salida a Mateo en la capital. En ese operativo, igual que en Casamata, participaron personal de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC).

Julián Pacheco explicó así los propósitos de los allanamientos: «Las acciones están orientadas a la búsqueda y decomiso de documentos que ayuden a esclarecer la investigación sobre la muerte del zar antidroga».

NADIE LO LEYÓ

A pesar de que la muerte violenta del general Julián Arístides Pacheco se trataba de un crimen de alto impacto social y una muerte de un compañero de armas, hasta hoy varios jefes policiales y funcionarios públicos están asegurando que no conocieron o supieron sobre el expediente JAG ni de las investigaciones.

El primero en iniciar el deslinde de los hechos criminales ocurridos el 8 de diciembre de 2009 fue el vocero de la Policía Nacional, comisionado Leonel Sauceda, quien pidió perdón de forma publica el lunes en horas de la mañana y paralelamente desmarcó a la actual cúpula policial del asesinato alegando que no «es la misma que dirigió la policía en 2009».