DPI captura a tres ex funcionarios públicos de la alcaldía de Taulabé

Por el delito de sustracción de documentos públicos en perjuicio del Estado de Honduras fueron detenidos.

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Por el delito de sustracción
Los detenidos podrían enfrentar una condena de hasta 12 años en prisión.

COMAYAGUA, Honduras. – Por el delito de sustracción de documentos fueron capturados los tres ex funcionarios públicos. Según informe de La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los sospechosos son los siguientes:

  • Un ex alcalde
  • Un tesorero
  • El jefe de presupuesto de la alcaldía municipal de Taulabé

La detección fue ejecutada este lunes en este municipio.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque.

No  obstante, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y con el apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), fueron capturados los tres ex funcionarios públicos.

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Los ahora detenidos responden a los nombres de:

Dagoberto Cortés Padilla, de 63 años de edad, quien era el ex alcalde del municipio de Taulabé.

Cabe señalar que Padilla estuvo en el período (1998-2006) como alcalde de Taulabé.

Sin embargo, José Ovidio Bardales Manueles, de 45 años de edad, era el ex tesorero de la alcaldía.

Asimismo, Bardales ejerció su laborar en este cargo en el período de (2002-2006).

Por su parte el señor Juan Gabriel Aguilar Márquez, era el ex jefe del presupuesto de la alcaldía del municipio.

Aguilar de 36 años de edad, trabajó en el período (2002-2006).

La orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, fue publicada el 17 de agosto del año en curso.

La DPI bajo el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público, remitirá a los ahora detenidos al Juzgado que ordenó su formal captura.

Los ahora detenidos tendrán que pasar por el proceso legal correspondiente, que estos entes de seguridad tienen como protocolo.

Cabe destacar, que si se les encuentra culpables por este delito según el Código Penal de Honduras, los funcionarios podrían pasar hasta 12 años en prisión.