Redacción. El Poder Judicial de Honduras decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra Gabriel Rubí Paredes, exdirector del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), tras celebrarse la audiencia preliminar en el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Esta resolución implica que el caso avanzará a una fase en la que se presentarán pruebas y se escucharán testimonios ante un tribunal con el fin de determinar la responsabilidad penal del acusado.
Aunque inicialmente Rubí se encontraba recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara desde octubre de 2024, tras una audiencia de revisión de medidas, el juez encargado decidió otorgarle medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Es decir, le permitieron continuar su proceso legal en libertad.
La decisión se basó en los artículos 172 y 173 del Código Procesal Penal, que estipulan que las medidas de coerción deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales según las circunstancias del caso.
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Entre las restricciones impuestas al exfuncionario figura la presentación periódica ante las autoridades judiciales.
Causa
Gabriel Rubí está acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos. En este sentido, está relacionado con la compra irregular y sobrevalorada de ventiladores mecánicos durante la emergencia por COVID-19.
Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la adquisición de estos equipos tuvo un costo superior a los 63 millones de lempiras. Sin embargo, los ventiladores recibidos llegaron incompletos y sin los accesorios necesarios, por lo que nunca se utilizaron para atender a pacientes. Esto ocasionó un perjuicio económico y social significativo para el país.
Cabe destacar que, en un caso paralelo relacionado con la compra sobrevalorada de percoladoras de café durante la misma pandemia, el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes. Esto permitió que sobreseyeran a Rubí.
La elevación a juicio oral y público representa un paso crucial para que el sistema judicial hondureño pueda esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia. Este proceso ha generado gran expectativa en el contexto de la lucha contra la corrupción en la gestión pública durante la crisis sanitaria.
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