Tegucigalpa, Honduras. El Poder Ejecutivo extendió una vez más la vigencia del estado de excepción en Honduras por 45 días, hasta el 3 de julio de 2025.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo número PCM 18-2025, la vigésima extensión se registró el pasado 16 de mayo y fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 19 del mismo mes, donde se establece la suspensión de garantías constitucionales para los hondureños.
Se trata de la tercera vez que se extiende la medida de seguridad sin la ratificación del Congreso Nacional, el cual se encuentra estancado por conflictos internos y la falta de consensos.
La medida ampliada por el Poder Ejecutivo se aplica en 226 municipios, a partir de las 6:00 p. m. del lunes 19 de mayo de 2025, hasta las 6:00 p. m. del jueves 3 de julio del mismo año.
Con esta medida se suspenden las garantías constitucionales establecidas en los artículos 6, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República.
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Cuestionamientos e institucionalidad
Las autoridades defienden que la medida ha contribuido a reducir los índices de violencia y criminalidad en el país. No obstante, diversos sectores han denunciado abusos por parte de los cuerpos de seguridad, así como la inconstitucionalidad de la medida.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha reiterado que, bajo el estado de excepción, en Honduras se han registrado más de 800 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad desde 2022, cuando se implementó la medida.
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Por su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó el 5 de febrero un recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
El escrito impugna la suspensión de garantías constitucionales establecidas en los decretos ejecutivos emitidos desde el PCM-29-2022 hasta la fecha. Consideran que vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía y contravienen el marco constitucional, así como los tratados internacionales suscritos por Honduras.
