REDACCIÓN. A falta de informes o declaraciones oficiales, el nombramiento de ocho juntas interventoras, creadas en el gobierno de Xiomara Castro con el objetivo de administrar igual número de instituciones del Estado en crisis, cumplió más de 4,000 días laborables sin poder demostrar su justificación y eficacia.
En totalidad, sumada la duración de las ocho juntas interventoras creadas por el actual gobierno, han acumulado una vigencia de 4,974 días. En su mayoría, estas juntas no han culminado su mandato, lo que pone bajo la lupa la eficacia de este método de saneamiento estatal.
Germán Leitzelar, exmiembro de la comisión interventora del IHSS, comentó a Diario Tiempo que la instalación de este mecanismo, más allá de sus resultados, es legal.
«La Constitución le otorga las atribuciones de administrar la hacienda pública y dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional», detalló.
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Sin embargo, el exinterventor comentó que se debe recurrir a esta medida siempre y cuando se establezcan las condiciones y circunstancias apropiadas.
«Especialmente cuando estas instituciones del Estado y sus administradores, miembros de su gobernanza, no cumplan con sus funciones, generando pérdidas y afectando la prestación de los servicios de interés general de la población para la cual fueron creadas», detalló Leitzelar.
El interventor agregó que las intervenciones no deben ser desencadenadas por razones de interés político «y se deben incorporar interventores que sean conocedores de la naturaleza y finalidad de la institución a intervenir», agregó.
Juntas Interventoras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la más recientemente instalada, inició funciones el pasado 8 de noviembre de 2024 (hace 99 días), tras la juramentación de la presidenta Xiomara Castro.
La ministra de Salud, Carla Paredes, se convirtió en la coordinadora principal, acompañada de Samuel Zelaya y Marco Antonio Estefan. La misión principal encomendada a la comisión es diagnosticar e identificar la raíz de la crisis en el IHSS.
Una de las principales promesas de la junta interventora fue que en 45 días resolverías los principales problemas que enfrentan los derechohabientes. Sin embargo, las denuncias diarias por parte de los hondureños sobre la falta de medicamentos e inaccesibilidad de las citas, se convierte en el medidor de incumplimiento por parte de las autoridades.
Instituto Nacional Penitenciario (INP)
El 10 de abril de 2023, la mandataria hondureña anunció la intervención de los centros penales, liderada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. El objetivo principal de esta intervención era desmontar las estructuras criminales implicadas en el sistema carcelario. Esta junta interventora se instaló hace 676 días.
Sin embargo, tras semanas de trabajo, se registró una de las masacres más mortíferas en la historia carcelaria del país. 46 reclusas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) perdieron la vida en un conflicto entre pandillas criminales. Tras este hecho, se otorgó el control de las cárceles hondureñas a la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Las autoridades incluyen como logro de la intervención la incautación de más de mil armas de diversos calibres y más de 23 mil proyectiles. Del mismo modo, lograron desmantelar a los privados de libertad de aparatos tecnológicos como teléfonos, televisiones y equipos de sonido.
Del mismo modo, se endurecieron los procesos de pesquisa durante las visitas y se aumentó la vigilancia. En el 2023, la junta interventora puso en marcha el plan de excarcelación de prisioneros enfermos y la instalación de una maquila para las mujeres reclusas. Esta intervención está programada para culminar en junio del 2025.
Instituto de la Propiedad (IP)
El pasado 30 de mayo del 2024, se instaló la junta interventora del Instituto de la Propiedad (IP), conformada por Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa como comisionado presidente, y Jennifer Carolina Flores y Lenin Francisco Funes como comisionados adjuntos. Esta junta interventora se instaló hace 261 días.
Los tres hondureños asumieron esta responsabilidad luego de que se diera a conocer el desfalco de 18 mil millones de lempiras. En este sentido, la Junta Interventora del Instituto de la Propiedad (IP) determinó separar del cargo a la directora Lucy Salgado, como parte de una de sus primeras acciones. Del mismo modo, presentaron un informe al Ministerio Público (MP) para iniciar líneas de investigación. Sin embargo, no se han presentado requerimientos fiscales por esta causa.
Otro de los avances que atribuyen a la intervención son las reuniones de trabajo con titulares de la Dirección de Catastro, Registros y Regularización Predial, para mejorar los procesos internos. El último proceso fue reportado en enero 2025, cuando se confirmó el acercamiento con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)
En el diario oficial La Gaceta, en su edición número 36,151, publicada el pasado 12 de febrero de 2023, el Poder Ejecutivo nombró una Junta Interventora dentro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), encargada de garantizar la extensión de reglamentos y manuales internos. Esta junta interventora se extendió por 364 días, siendo la única que ya ha cumplido su tiempo establecido.
Tras un año de gestión, la junta interventora de la OABI recomendó cerrar esta oficina estatal. Rigoberto Portillo, comisionado, declaró que es necesario reconstruir esta institución, por lo que recomendó crear una nueva oficina.
Portillo comentó que la presidenta Castro tiene en sus manos la decisión de continuar o eliminar la OABI. Además, el comisionado detalló que la operatividad en la estatal estaba dañada.
Pese a las contundentes recomendaciones, las autoridades optaron por su vigencia y nombraron a Marco Antonio Zelaya como director en 2024 y sigue operando.
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema)
El pasado 28 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro aprobó la intervención del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Mediante el decreto ejecutivo número PCM-044-2021, el Poder Ejecutivo autorizó la acción, asegurando que se trataba de razones de interés público. Esta junta se instaló hace 1,083 días y es la que mayor duración ha tenido hasta la fecha.
El 11 de mayo de 2024, la mandataria decidió extender el periodo de intervención por un año más, mediante el PCC-64-2024. Este sería el tercer año consecutivo bajo este proceso.
Héctor Díaz, presidente del Inprema, aseguró en diversos medios de comunicación que se han alcanzado los resultados esperados. Sin embargo, las múltiples protestas por parte de los docentes hondureños en todo el territorio nacional demuestran lo contrario. Esta intervención se ha prolongado en dos ocasiones.
De acuerdo a Francisco Bocanegra, uno de los interventores, uno de los resultados de esta intervención es el aumento de patrimonio de esta institución. En el 2022, registraba 52,910 millones de lempiras, sin embargo, en el 2024 se registró un patrimonio de 62,549 millones de lempiras. Esta intervención está programada para culminar en el mes de mayo del 2025.
Sistema Nacional de Emergencia 911
El 28 de febrero de 2023, fue juramentada la comisión interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911. Se instaló hace 717 días. Su objetivo era contratar una auditoría internacional para descubrir el precio justo del mercado del contrato de servicios suscritos con la Sociedad Mercantil Dýnamic Corporation S.A. de C.V.
La controversia con esta compañía generó que las cámaras del sistema de emergencia dejaran de funcionar, causando temor en la población. Esta intervención se extendió por 12 meses y está programada para terminar en el 2025. El Comisionado Nacional de los Derecho Humanos (CONADEH) ha instado a líderes de esta intervención a presentar los resultados de su gestión para conocer si la extensión estaba justificada.
Dirección General de Servicio Civil
Desde el Poder Ejecutivo se anunció la creación de una junta interventora en Servicio Civil, en busca de mejorar la gestión administrativa y realizar una auditoría externa. Tras la publicación en el diario oficial La Gaceta No. 36,151, la junta se instaló el 9 de febrero del 2023 y tuvo una duración de 169 días, aproximadamente seis meses y medio.
Tras ese periodo de tiempo, el interventor Amable de Jesús Álvarez anunció la liquidación definitiva de este ente gubernamental. Esto dio paso a la creación de la Dirección General de Servicio Civil, dejándola como un órgano desconcentrado.
Comisión de Seguridad Agraria
Mediante una cadena nacional, la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Esta se instaló el 6 de junio del 2023, hace 620 días.
De acuerdo con un informe del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), tras un año de su instalación, esta comisión no había realizado cambios significativos en la problemática agraria del país.
Temporales, no permanentes
Germán Leitzelar, exmiembro de la comisión interventora del IHSS, detalló que las juntas interventoras no deben ser organismos establecidos de manera permanente.
«Son comisiones creadas con temporalidad para un objetivo específico: intervenir una institución para corregir anormalidades en su gobernanza, gobernabilidad y administración», señaló. Del mismo modo, el experto detalló que, durante el periodo de intervención, también se deben realizar evaluaciones de la problemática que provocó su instalación.
«Cuando los gobiernos o los cambios de gobierno interrumpen el proceso por razones políticas sectarias, y no dentro de un plan de país, la efectividad de la evaluación y las recomendaciones de la intervención no se materializan», aseguró.
Los criterios para evaluar el desempeño de las juntas interventoras deben ser técnicos, financieros y administrativos, según sea la institución a intervenir y la naturaleza, mayor o menor, de las causas o razones del problema que la aqueja, señaló el experto.
«Normalmente, las deficiencias administrativas y de incumplimiento en los fines y objetivos, así como la prestación de servicios, son razones que casi siempre obedecen a la falta de una gobernanza adecuada que no permite la gobernabilidad de la institución», detalló.
Contaminación política
El exinterventor señaló que esta situación se debe a la contaminación política que existe en las instituciones estatales, y calificó que tienen una «visión de clientelismo político sectario».
«Es fundamental que el proceso de intervención detecte las causas de origen, ya que, sin corregir estas, los efectos de una malsana administración no se podrán resolver», destacó.
¿Son la solución las juntas interventoras?
En este sentido, Leitzelar detalló que las interventoras no son una solución permanente, sino una modalidad especial de administrar temporalmente una institución.
«El problema real en el país es la ingobernabilidad, causada por la falta de una institucionalidad en proceso de deterioro y no de crecimiento con suficiencia y sostenibilidad dentro de un Estado de derecho», aseguró.
Por ende, el exinterventor agregó que, mientras no exista un compromiso para el cumplimiento de las leyes, las juntas interventoras no alcanzarán a ser un instrumento ideal.
«Los gobiernos sectarios y extractivos solo buscan obtener dinero para sus propósitos de reelección o continuismo, con el fin de que grupos se mantengan en el poder, sin pensar en la solución de la problemática política, económica, financiera y social de la población», destacó.
Del mismo modo, el economista y analista político, Rafael Delgado, puntualizó que la institucionalidad pública está en crisis. Además, comentó que las instituciones estatales han caído «presas de la ineficiencia y la corrupción».
El experto en temas económicos señaló que los gobiernos, incluyendo la administración actual, instalan las juntas interventoras con personas que no cuentan con la capacidad de darle un giro a las instituciones.
«Esa es la vía preferida, que ya se sabe que no va a llegar a ninguna solución del problema institucional. Es una manera de entretener a la opinión pública y querer demostrar que se están haciendo cosas para mejorar, pero lo único que hacen es prometer y no cumplir», detalló.
El economista aseguró que las juntas interventoras en el país no poseen credibilidad y solo prolongan los problemas.
Salvavidas
Como señala el economista, el «salvavidas» para esta avalancha de problemas es la contratación de personas con las capacidades necesarias.
«Que las instituciones no se conviertan en el premio que se les da a los leales después de la campaña política. La idea de repartir las instituciones como un pastel está bien arraigada en los partidos políticos», describió.
Delgado planteó que en los interventores se deben poner a personas capaces y no a las que trabajaron en las campañas políticas, para fortalecer la institucionalidad estatal.
A juicio del asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, las juntas interventoras deben aplicarse solo en casos excepcionales. Además, criticó la duración de esta medida en el IHSS y agregó que el verdadero problema es de gobernanza.
«No se puede administrar un Seguro Social con una junta directiva. Así que deben tomar decisiones y hacer reformas drásticas en la ley para determinar una gobernanza efectiva», detalló a Diario Tiempo.
Estima que en el presente gobierno las juntas interventoras han mostrado resultados dispares en su propósito de solucionar las crisis dentro de las instituciones estatales.
Aunque fueron creadas para corregir problemas administrativos y de gobernanza, la efectividad de las juntas interventoras ha sido cuestionada debido a la prolongación de sus mandatos. También a la falta de cambios sustanciales en algunas de las instituciones intervenidas.
En conclusión, la falta de informes y declaraciones oficiales sobre las juntas interventoras plantea serias dudas sobre su eficacia, justificación y transparencia. Es crucial que las autoridades tomen medidas para corregir esta situación y garantizar que las instituciones estatales sean administradas de manera eficiente y responsable en beneficio de toda la sociedad.
