TEGUCIGALPA, HONDURAS. Pobladores del sector Las Crucitas en el Picacho protestaron debido a una orden de desalojo que procede desde la Corte Suprema de Justicia en su contra.
Aproximadamente 15 familias son la afectadas debido a esta situación. Todas señalan que tienen más de 40 años de residir en la zona.
«A nosotros nos notificaron, es más, no es que nos llegó un documento, sino que el abogado fue a la corte y salió con la noticia que tenemos desalojo el miércoles», detalló una afectada.
Los residentes de la zona señalaron que ellos cuentan con las escrituras que los acreditan como dueño de los terrenos.
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«Nosotros tenemos nuestra escrituras públicas. Volvemos a hacerle el llamado a la presidenta de la corte y a la presidenta de la República para que nos ayuden», comentó a un medio de comunicación.
Del mismo modo, los afectados solicitaron a las autoridades pertinentes solucionar el problema que pone en incertidumbre su lugar de vivienda.
«Necesitamos que hoy más que nunca, nos apoye. Sino, nos tomaremos las calles hasta que nos den una pronta respuesta», manifestó.
Primer acuerdo
Hace unos meses, luego de un diálogo entre representantes de derechos humanos y un juez ejecutor, se logró un acuerdo para que finalmente no se procediera a desalojar a los habitantes de las faldas de Crucitas del Picacho.
«Ya hay una decisión. No hay necesidad de que haya un desalojo forzoso sino que se deben acoplar a la decisión que el juez determine», expresó el juez ejecutor que no reveló su nombre.
Seguidamente, el funcionario judicial agregó que si interponen una acción legal en los juzgados de lo Civil, y en caso de que los venzan nuevamente, deberán someterse a la decisión que tome el juez.
Asimismo, indicó que existen documentos de las partes (demandante y demandado) en los que hay contradicción. Sin embargo, dijo que en aras de salvaguardar la integridad física de las personas no procedió a la ejecución la orden judicial.
«Que sean los Juzgados de Letras de lo Civil el que pueda resolver el asunto. Los pobladores se comprometen a que no haya acción de desalojo posteriormente una vez que se dicte una sentencia en ese caso», indicó.
Sin embargo, a pesar ese acuerdo previamente alcanzado por los representantes de derechos humanos y el juez ejecutor, los pobladores alegan haber recibido la notificación de desalojo que dejaría sin hogar a cerca de 15 familias.
