Redacción. Pobladores de la aldea Protección, en Choloma, Cortés, manifestaron este jueves otra vez su desacuerdo con la construcción de una posta policial en su comunidad.
El abogado Farabundo Murillo explicó que la oposición surge porque la casa asignada provisionalmente a los agentes pertenece a una familia de apellido López, cuyos miembros son «terratenientes que pretenden desplazar a los campesinos de los cultivos de palma africana».
«Hace un mes se presentó una acusación contra 10 personas porque en esa casa se encontraron poderosos cohetes para lanzar granadas, destruir tanques de guerra, armas, drogas, etc.», afirmó.
El desacuerdo de la población se intensificó aún más después de que, según Murillo, «el director de la Policía (Nacional) estableció que ahí se instalara un campamento permanente«.
Destacamento
El meollo del conflicto, añadió el abogado, radica en la percepción de la población de que la Policía Nacional y Militar están al servicio de la familia López, tras instalar un destacamento en su propiedad.
También advirtió sobre posibles consecuencias graves, recordando que ya ha habido sentencias contra el Estado «por asesinatos relacionados con el conflicto agrario y esperemos que no se produzca un evento violento contra los dirigentes líderes del sector».
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Murillo expuso que la preocupación aumenta debido a la información que maneja. «Tenemos información de que la Policía tiene orden de matar, según lo están manifestando los policías que están en la localidad».
Versión
En relación con lo expresado por Murillo, Juan Manuel Aguilar Godoy, director general de la Policía Nacional, recalcó enfáticamente que en ningún momento la institución tiene orden de disparar o matar.
“Nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie; eso está penado por la ley. Sólo se actúa en situaciones específicas, cuando se atenta contra terceras personas o contra el mismo funcionario policial. Es entonces donde se hace uso del arma”, destacó.
Godoy arremetió contra las declaraciones de Murillo: «Creo que eso no deja muy bien parado al abogado», y afirmó que tienen conocimiento de que los manifestantes no son del sector y que están siendo pagados para protestar.
Además, mencionó que la ley les otorga la facultad de usar la fuerza y que los problemas de reforma agraria deben resolverse en los juzgados y la jurisdicción competente.
“Si hay una violación a una garantía constitucional, estamos dispuestos a responder. Pero no es cierto que queramos matar a nadie”, apuntó.
Casa
Respecto a la propiedad en cuestión, el director aseveró que, en efecto, «la casa pertenece a una familia de apellido López. Hay un desplazamiento forzado de esa casa; los fueron a sacar de esa casa». «El señor fue a poner la denuncia. Hay videos de que les fueron a ametrallar la casa, hasta salieron por redes sociales», prosiguió.
Precisó que la Policía únicamente interviene en casos relacionados con problemas agrarios cuando existe una orden judicial de desalojo o en situaciones de usurpación de tierras. También señaló que están investigando un posible caso de crimen organizado en esa zona.
Posta policial
Refiriéndose a la posta policial, Aguilar Godoy expresó: «Yo no sé cuál es la problemática que pongamos una unidad policial. La unidad policial no les va a afectar en nada, les va a dar garantía».
Señaló que existe una «doble moral» porque una parte de la ciudadanía desea la unidad policial, mientras que otra no, lo que, según él, es producto de actividades ilícitas como el robo de fruta de palma aceitosa, que genera grandes ganancias.
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«La construcción de la posta policial va, pero en estos momentos nos urge mantener la paz y tranquilidad del sector». Agregó que, si el problema es la casa de la familia López, no tiene inconveniente en poner carpas y vehículos, pero «la Policía no se va a salir de ese lugar».
Estructura criminal
La Policía Nacional informó en un comunicado que la estructura criminal conocida como “La Cleivona” estaría intensificando sus actividades delictivas. Esto, sobre todo en Choloma, incluyendo sectores como La Protección y zonas aledañas.
De acuerdo con indicios recabados por unidades especializadas de inteligencia, la estructura estaría promoviendo una campaña de desinformación mediante la presunta entrega de sumas entre 2,000 y 2,500 lempiras por persona para que participen en protestas o manifestaciones.
Se presume que esos pagos provienen de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y desplazamiento forzado, entre otras.
