Los planes de Trump: lo que viene en política migratoria para 2018

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“Por eso nuestro trabajo de entrenar equipos este año y el enfoque en entrenar aún más el año próximo”, agregó la activista. “Tenemos que estar listos para responder a eso y ayudar a las familias”.

California, a diferencia de otros estados, tiene el California Values Act; una ley que restringe la cooperación de entidades locales con las migratorias. Esta ley entra en vigor el 1 de enero y ayudará a impedir o limitar arrestos.

Pero en otros rincones del país, esta protección no existe.

El gobierno ha prometido hacer más redadas a centros de trabajo. Aunque hasta ahora su enfoque ha sido en buscar a fugitivos de las cortes federales.

“No está claro si lo dicen porque realmente piensan hacerlo o porque quieren crear terror en la comunidad para que la gente se autodeporte”, dijo Ana Luisa Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA)

Retrasos a la inmigración legal familiar y de trabajos

El gobierno de Trump ha dejado claro que quiere luchar contra la inmigración indocumentada y también contra la inmigración legal.

Habrá intentos legislativos de eliminar categorías familiares y cortar el número de visas familiares. Eso es lo que Trump y sus aliados llaman “inmigración en cadena”, aunque en realidad es la inmigración familiar que ha existido siempre.

Un proyecto de ley pendiente en el Congreso, el “Raise Act” es muy impopular y “tiene más enemigos que amigos”, dijo Jawetz.

“Ya están haciendo lo posible por retrasar o poner más requisitos a peticiones familiares y de trabajo“, dijo Padilla. “Por ejemplo, han dicho que toda petición de trabajo requerirá una entrevista en persona. Lo mismo para las green card permanentes por medio de matrimonio”.

La abogada dijo que eso dejará a muchas personas en el limbo, con una green card temporal y esperando citas que se pueden tardar.

En las visas temporales de trabajo también han puesto más requisitos. Anunciaron que revisarían más estrictamente las visas H1B, por ejemplo. Además de limitar las visas a los cónyuges de trabajadores temporales.

“Esto creará incertidumbre para las compañías”, dijo Padilla. “Y probablemente impedirá muchas contrataciones”.

 

Decisiones sobre TPS y DACA

Al no haber acuerdo sobre incluir el “Dream Act” para legalizar a jóvenes DACA y otros jóvenes indocumentados a fines de 2017, la discusión sobre qué hacer con este grupo de inmigrantes queda para el año 2018.

Líderes republicanos insisten que tienen hasta marzo para llegar a algún tipo de acuerdo. Justo ese mes, comienzan a expirar masivamente los permisos de grandes grupos de “dacamentados”.

Según CAP, unos 22,000 DACA han perdido su protección desde el anuncio del fin del programa y cada día, 850 jóvenes más quedan sin estatus. A partir del 5 de marzo, esa cifra será aún mayor, si no hay una ley que los proteja.

En cuanto a más de 200,000 residentes de largo tiempo protegidos por TPS, el inicio de año traerá consigo una decisión en torno al grupo más grande de ellos: los salvadoreños, que será anunciada el 8 de enero.

Este año, DHS decidió cancelar el TPS para nicaragüenses y haitianos. De la misma manera decidieron posponer la decisión para hondureños; pero casi 200,000 salvadoreños con el programa están ahora en la cuerda floja.

Aceleración de casos en tribunales migratorios

Este gobierno busca acelerar los procesos de deportación en tribunales y, particularmente, enfocarse en los casos de menores y familias centroamericanas, dijeron expertos.

Este año, el gobierno de Trump emitió varios memorandos y órdenes internas del Departamento de Justicia a las cortes migratorias, conminándolas a acelerar los casos de deportación.

Asimismo, a evitar los aplazamientos de audiencias y sugiriendo que habrá “cuotas” para alentar a los jueces a terminar casos.

Apenas esta semana antes de navidad, la jueza en jefe de inmigración ordenó a los jueces que fueran “lo más objetivos posibles” al aplicar la ley migratoria contra los niños migrantes.

Sin embargo, abogados y líderes de derechos civiles alegan que la ley manda que estos jueces protejan a los menores bajo la ley.

El abogado Bryan Johnson presentó una queja formal sobre esto ante el Departamento de Seguridad Nacional. Él indicó que la orden ignora que la ley ordena que jueces determinen si jóvenes pueden recibir protecciones del sistema.

“Este memo debe ser rescindido, ya que viola la Ley de Victimas de Tráfico Humano”, dijo Johnson en su queja; la cual fue presentada este jueves.