TEGUCIGALPA, HONDURAS. Diputados de la bancada del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), revelaron en las últimas horas que se eliminó el artículo 153 del nuevo Código Penal que, según esos legisladores, implica que cualquier miembro de la Policía Miliar que asesine a una persona en Honduras no será juzgado en el país.
Ejemplificaron, «en Honduras no se juzgaría a un militar que mate a una persona; es decir, no lo podrán hacer gracias al nuevo Código Penal«.
«Lo que buscan es evitar que los juzguen. No solo se blindan por lo pasado, si no por lo que pueda venir en el futuro», aseguró uno de los legisladores del PINU.
El parlamentario se refiere al capítulo 5 sobre las disposiciones comunes a los crímenes de lesa humanidad. También a los referentes al genocidio y de guerra.
El artículo 153 reza: deben ser castigados con las mismas penas previstas en los capítulos I, II y III del presente título, la autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, cuando tales crímenes sean cometidos, o por fuerza bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad».
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Desmienten
Por su parte el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que es una mentira esa versión. No se han eliminado los delitos contra crímenes de lesa humanidad.
Zambrano señaló que «delitos como genocidio, crímenes de guerra y lo que contempla lesa humanidad siguen vigentes. Están contemplados en el nuevo Código Penal».
El parlamentario prosiguió explicando, «están establecidos en los capítulos desde el articulo 139 en adelante. El castigo por los delitos de lesa humanidad oscilan entre 30 años de cárcel».
A mismo tiempo, Zambrano reconoció que que se elimino el artículo 153 porque se responsabilizaba a los jefes y superiores castrenses cuando el delito lo cometía otra persona bajo un mando superior.
«Se hizo el señalamiento en el 153 y ese establecía una norma que se tenia que revisar porque ese establecía que la autoridad superior de elementos policiales y militares que cometieran delitos de lesa humanidad también eran responsables penalmente y no daba excepción y era responsable», concluyo el diputado y secretario del Congreso Nacional.
Jari Dixon: es un acto criminal
Por otro lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon, señaló como un acto criminal lo denunciado.
Dixon apuntó que «si ellos introdujeron un articulo que no tiene nada que ver con la penalización de una persona jurídica, eso es un acto criminal de ellos, porque cuando uno hace eso es delito porque está sometiendo algo que no se ha consensuado».
