Tegucigalpa, Honduras. El Sistema Nacional de Protección de Honduras (SNP) condenó el asesinato de dos defensores de derechos humanos de la etnia tolupán, además, solicitó al Ministerio Público (MP) investigar el doble crimen y sancionar a los responsables.
Por medio de un comunicado, el SNP manifestó que los defensores de derechos humanos fueron asesinados el pasado miércoles en la comunidad de San Francisco Locomapa, del departamento de Yoro, Honduras.
Las víctimas son Amílcar Vieda, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), y Saúl Ismael Chacón. El primero de 45 y el segundo de tan sólo 22 años de edad.
Los defensores murieron «en un ambiente hostil y violento. Caracterizado por amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio contra quienes defienden los derechos de la tierra y el medioambiente», enfatizó el texto.
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Derechos humanos
El SNP hizo «un llamado enérgico» a la Secretaría de Seguridad para que brinde «protección y seguridad» a los defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de «persecución, amenazas y cuyas vidas corren peligro inminente».
Asimismo, solicitó al MP que realice de «forma inmediata las debidas diligencias para activar y completar eficazmente la investigación, que permitirá determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores» de los dos asesinatos.
De la misma manera, el SNP exigió verificar, supervisar y tomar «las medidas necesarias sobre los procesos relacionados con el otorgamiento de permisos de operación para la explotación del bosque y minería» en San Francisco de Locomapa.
Casos de asesinatos
El organismo hondureño ha elaborado un protocolo para abordar casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Por lo anterior, destacó la necesidad de «activarlo de manera inmediata para impulsar las investigaciones correspondientes».
Igualmente, solicitó el acompañamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y contactos con autoridades locales. Ellos buscan obtener información sobre la situación de vulnerabilidad de los familiares afectados.
El documento agregó que «recordamos, desde nuestra función como promotores y garantes de la protección de los derechos humanos, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla».
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