Redacción. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación este viernes por la demanda criminal interpuesta por el Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) contra periodistas del diario El Heraldo, a quienes se les acusa de injurias.
La demanda se originó en aparente represalia por la publicación de una serie de reportajes que abordaron los contratos vinculados al proyecto de instalación de 5,000 cámaras de seguridad en Honduras.
El 21 de enero, el SNE-911 anunció la querella por «publicidad constitutiva de injurias» contra los periodistas que llevaron a cabo las investigaciones, así como a quienes aprobaron su difusión.
La presidenta de la Comisión Interventora del SNE-911, Miroslava Cerpas, fue la encargada de anunciar la acción legal, que también incluye a las personas que autorizaron la publicación de los reportajes.
La demanda solicita al director de El Heraldo entregar información sobre el periodista y el ejecutivo que aprobó las publicaciones, además de copias certificadas de las notas divulgadas entre el 14 y el 18 de enero.
En su comunicado, José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, condenó lo que consideró un «intento de silenciar las investigaciones incómodas». Afirmó que la demanda es un acto de intimidación destinado a restringir la actividad periodística investigativa sobre el funcionamiento de una institución estatal.
Dutriz señaló que este tipo de acciones representan una amenaza directa a la libertad de prensa. Además, indicó que menosprecia la capacidad de los medios para investigar el comportamiento del poder público.
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El hecho
El Heraldo publicó reportajes sobre supuestos actos de corrupción en el proyecto «Seguridad al 100». El SNE-911 argumentó que la información era «dolosa» y causó daños a las empresas proveedoras.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, criticó la medida. Dijo que viola la Declaración de Chapultepec. Esta declaración protege a los medios y periodistas de sanciones por difundir la verdad o criticar al poder público.
Jornet advirtió que este tipo de demandas puede fomentar la autocensura y limitar el derecho del público a acceder a información.
Además, destacó que las demandas contra medios o periodistas por parte de figuras o entidades públicas deben resolverse en el ámbito civil.
Este caso resalta la persistente tensión entre la libertad de prensa y los esfuerzos por silenciar las investigaciones periodísticas. Deja entrever que quienes cuestionan las acciones del Estado podrían ser perseguidos.
