Redacción. Darío Richarte, profesor de derechos humanos y derecho penal internacional, anunció en sus redes sociales que su grupo legal solicitó una orden de captura internacional contra Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y contra su esposa, Rosario Murillo.
De acuerdo con el informe de medios nicaragüenses, la petición se basa en un análisis e investigación por los crímenes de lesa humanidad denunciados desde 2018 en Nicaragua.
Este esfuerzo de un grupo de abogados argentinos forma parte de la denuncia interpuesta en 2022, ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del poder judicial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la denuncia, los abogados solicitaron que se cite la declaración indagatoria y se libre orden de detención y captura internacional contra Daniel Ortega. Además, contra su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, y otros funcionarios implicados en el caso.
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En declaraciones al medio de comunicación argentino Infobae, Richarte dijo que “la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”.
“A esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”, explicó el abogado argentino.
Crímenes
Manifestó también que “el Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado. También un organismo especializado en derechos humanos de las Naciones Unidas confirmó los delitos de lesa humanidad en Nicaragua.
Más de 300 personas murieron en Nicaragua por la represión armada contra las protestas civiles de 2018, según informes de derechos humanos.
La Justicia federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera de su país. La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China. Asimismo, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.