Redacción. Excandidatos al rectorado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que presentaron amparo contra la Junta de Dirección Universitaria (JDU), piden a las autoridades agilizar el trámite.
La acción legal en contra de la elección de la nueva JDU se interpuso el pasado mes de marzo por Mauricio Mendoza, Margarita Pavón y Víctor Manuel Ramos, tres exaspirantes a convertirse en rector de la UNAH.
Margarita Pavón declaró para Radio América, que es indispensable agilizar el recurso de amparo, ya que la JDU “ilegal” convocó a concurso para elegir al nuevo rector.
«Esta junta elegida ilegalmente, hizo llamado a concurso y según ellos la fecha límite es el 28 de agosto», indicó Pavón.
De igual manera, la catedrática hizo un llamado, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se pronuncie respecto a la problemática.
«Hacemos un llamado a la Sala de lo Constitucional a que se pronuncie, ya que hay que proteger a la UNAH», señaló.
Pavón alega que el actual rector interino, Francisco Herrera, ha dado continuidad a la degradación de la Universidad implementada por Julieta Castellanos en su mandato.
«Julieta Castellanos implementó políticas académicas excluyentes en 8 facultades, con las pruebas de aptitud académica y las pruebas de conocimiento», aseguró.
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Según el grupo de excandidatos a la rectoría, una de las carreras más afectas es Medicina, ya que en 2012 Castellanos y los miembros de la Junta Universitaria aprobaron cupos para entrar a la facultad sin la presencia de la representación estudiantil.
«Unos 20 mil estudiantes menos»
«En ese año la facultad de Medicina tenía más de 7 mil estudiantes, y actualmente apenas sobrepasa los mil alumnos», explicó Pavón.
Según datos del grupo de exaspirantes, la matrícula de la UNAH perdió al menos 20 mil estudiantes. Sin embargo, Herrera asegura que la baja en la matrícula se debe a que no se le otorgan los presupuestos», indicaron.
«Nosotros hemos encontrado en documentos de la UNAH, que el año pasado la institución no ejecutó 800 millones de lempiras», aseveró la catedrática.
El grupo de docentes hace un llamado a los órganos controladores del Estado, a proteger la educación pública. También, a revisar todas las inconsistencias que presenta la máxima casa de estudios en su administración.