Redacción. A pesar del rechazo de cientos de pobladores y de un estudio crítico de organizaciones ambientales, el gobierno de Honduras continúa avanzando con el proyecto de construcción de la represa El Tablón, ubicada sobre el río Chamelecón, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
El ministro de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, confirmó que más de 20 empresas nacionales e internacionales están interesadas en ejecutar la obra, y que actualmente se encuentran en la etapa de evaluación técnica de los perfiles. Aseguró que la recepción de ofertas está prevista en los próximos dos o tres meses, aunque el aviso oficial de licitación establece que el plazo vence el 26 de junio, lo que pone presión sobre el cronograma.
“Queremos que realmente nos escuchen porque si no escuchan la versión de la ENEE, no pueden tener una idea general. Nosotros, mientras no exista una sentencia firme de los juzgados, seguimos con el proceso”, aseguró Tejada.
Comunidades contra el proyecto
Desde el Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán, sus miembros reiteran que no permitirán la construcción del embalse. Para ellos, el plazo del 26 de junio se acerca rápidamente, pero aún hay esperanza de frenar el proyecto.
“No creemos que se dé el 26, pero nos queda un par de días todavía para seguir luchando con ese tema. La población está unánime en que no se va a permitir esa construcción”, declaró Adaid Martínez, secretario del Comité.
El Comité no está solo. La Coalición Ambiental, una red de expertos y organizaciones ecológicas, concluyó que el proyecto no es viable en su forma actual. Su análisis subraya la falta de ordenamiento territorial y la presión creciente sobre los recursos naturales en la zona.
“No es posible hacerlo porque no hay un ordenamiento de la cuenca hidrográfica donde se pretende construir este proyecto. Además, estas alternativas de desarrollo fueron exitosas hace 50 años, cuando había menos presión sobre la tierra”, dijo René Soto, coordinador de la Coalición Ambiental.
La represa afectaría directamente a unas 400 familias distribuidas entre los municipios de Quimistán, San Marcos y Petoa, y cubriría alrededor de 2,241 hectáreas de tierras productivas, según cifras de la ENEE.
Sector privado pide certidumbre para invertir
Mientras tanto, el sector empresarial ha mostrado respaldo al proyecto, pero pide condiciones claras y estabilidad para atraer inversión. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) expresó que, aunque la obra es necesaria para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula, los inversionistas necesitan certeza jurídica y social para comprometerse.
“Es fundamental tener certidumbre. Se necesita saber que se va a llevar a cabo algo correctamente, sin ninguna protesta”, afirmó Fernando García, presidente de la ANDI.
En juego está la inversión de más de 300 millones de dólares (más de 7,800 millones de lempiras) provenientes de un préstamo aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Además del control de inundaciones, el proyecto contempla generación de energía (13 MW), abastecimiento de agua potable y riego, así como el impulso a iniciativas de desarrollo como el turismo y la acuicultura.
