Redacción. Un adolescente hondureño de 17 años fue detenido por agentes de inmigración el pasado 9 de junio de 2025, dentro de la casa de acogida donde vivía bajo protección del Departamento de Niños y Familias (DCF) del estado de Florida.
Henry, como lo identificaron, terminó esposado y llevado con grilletes en los pies, a pesar de ser un menor bajo custodia estatal.
Previo a su detención, Henry vivía solo en un cobertizo en Pensacola, luego de que su madre fuera deportada. Trabajadores sociales lo encontraron y lo trasladaron a un hogar temporal, pero la intervención del ICE cambió el rumbo de su caso, generando fuertes críticas contra el sistema de protección infantil del estado.
La detención contradice políticas de protección infantil
Desde hace más de 30 años, Florida mantiene una política que prohíbe a las agencias estatales actuar con base en el estatus migratorio de los menores. Abogados y defensores de derechos infantiles aseguran que el DCF violó esta norma al entregar a Henry al ICE.
“Si esto representa un cambio en la política, pone en riesgo a todos los niños migrantes del estado”, advirtió Fran Allegra, exdirectora de una agencia de acogida en Miami-Dade. Además, registros del caso indican que Henry podría ser víctima de trata laboral.
Por su lado, la senadora estatal de Miami, Ileana García, del Partido Republicano, denunció públicamente la detención del menor. Señaló que intentó evitar su deportación y afirmó que el caso refleja “un esfuerzo desesperado por cumplir con cuotas de deportación”.
García también alertó que ICE estaría obteniendo información sobre menores migrantes directamente desde los hogares de acogida. Esa práctica podría repetirse si no se establecen límites claros entre agencias estatales y federales.
Fallas en el sistema
Expertos indicaron que la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), encargada tradicionalmente de los menores no acompañados, ahora evita asumir estos casos. También se han recortado fondos legales y facilitado el acceso del ICE a bases de datos con información de menores.
El caso de Henry ha generado preocupación entre organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, quienes exigen que el Estado garantice protección real y no use el sistema de acogida como vía para la deportación de niños vulnerables.
