Redacción (AFP).- Grupos de manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, mantenían este sábado bloqueos en más de 60 carreteras en distintos puntos del país, luego de nuevos enfrentamientos con fuerzas de seguridad el viernes en la región andina de Puno.
La Superintendencia de Transporte Terrestre indicó que en 9 de los 25 departamentos de Perú hay bloqueos que afectan 13 carreteras principales, entre ellas en departamentos turísticos como Puno, a orillas del lago Titicaca; Cusco, Arequipa, Madre de Dios, además de Apurímac, Ucayali y Tacna, fronterizo con Chile.
Las protestas de los manifestantes contra el gobierno de Boluarte se concentran en el sur del país.
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El viernes se registraron nuevamente fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, frontera con Bolivia, donde 12 civiles y cuatro policías resultaron heridos en un intento de toma del aeropuerto, informó la Defensoría el Pueblo en su último balance de este sábado.
Las autoridades precisaron que hay tres heridos graves: un campesino con impacto de bala y dos policías que fueron trasladados a Lima tras recibir pedradas.
Inicio de las protestas
Las manifestaciones estallaron el 7 de diciembre, luego de que Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el gobierno en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado y su detención por rebelión.
Aunque se considera de izquierda, la miran como «traidora» por las comunidades que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.
Las protestas suman 22 muertos desde hace un mes. Según el ministro de Economía, Álex Contreras, esta crisis con los bloqueos de carreteras ha generado pérdidas al país de entre 60 y 100 millones de soles diarios (de 15 a 25 millones de dólares).
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Con el objetivo de concretar un diálogo «para lograr la paz social», Boluarte convocó la próxima semana al «Acuerdo Nacional». El foro reúne a los poderes del Estado, sociedad civil, agrupaciones religiosas, gremios empresariales y trabajadores.
En un intento por bajar la tensión en las calles, el Congreso aprobó adelantar las elecciones de 2026 para abril de 2024. Pero no ha sido suficiente.
