Honduras. Las instalaciones de «El Pozo» en Ilama, Santa Bárbara, han sido inspeccionadas este día por el personal de salud en cumplimiento del mandato del Juzgado de Ejecución Penal de los tribunales de San Pedro Sula.
Esta acción se debe a que anteriormente se confirmó la muerte de un reo por el covid-19, y las autoridades judiciales quieren que se evite una contaminación masiva. Al menos así lo describieron en un comunicado.
La orden judicial fue cumplida por personal médico de la Secretaría de Salud. También hubo representantes del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, (CONAPREV).
De tal forma, que en un nuevo informe indican que los trabajadores de Salud de Santa Bárbara hicieron «siete pruebas de extracción. Estas se distribuyeron entre el médico que tuvo contacto con el privado de libertad fallecido. También a un policía militar y a compañeros de módulo».
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En ese módulo, los personeros de salud se constituyeron y practicaron 70 evaluaciones, no médicas, sino consistentes en llenar formularios con información personal de esos 70 presos indagados. Aunque en el módulo habían 90 personas.
Hay que recordar que Rafael Herrera murió el pasado 20 de abril. Tenía 58 años y era oriundo del departamento de Santa Bárbara.
No se protegen
Durante la inspección se detectó que en «El Pozo», los privados de libertad deambulan o se reúnen sin usar la obligada mascarilla ni guantes para evitar posibles contagios de coronavirus.
En «El Pozo», el personal de la Secretaría de Salud sólo realizó evaluaciones consistentes en una serie de preguntas o cuestionarios por escrito que llenaron con información provista por los reclusos.
El reporte del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula establece también que se entregaron «kits» de aseo a los privados de libertad.
La visita se produce tras la resolución del Juzgado de Ejecución en la cual se ordena el aislamiento de todos los privados de libertad en ese reclusorio.
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