Redacción. El Ministerio Público (MP) intensificó sus acciones contra el crimen organizado con una nueva operación que busca desarticular una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al lavado de dinero.
La investigación, liderada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se enfoca en José Ernesto Icaza Saborio, señalado por su presunta relación con redes del narcotráfico que incluyen a figuras ya identificadas como extraditables.
La operación surge a raíz de reportes de operaciones financieras sospechosas que involucran a Icaza Saborio y a su núcleo familiar, quienes registraban ingresos millonarios sin una justificación legal clara.
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A través de investigaciones posteriores, las autoridades descubrieron nexos entre Icaza Saborino y un socio cercano al narcotraficante Rubén Alberto Mejía, conocido como “Yuquita”. Este último mantiene conexiones directas con otros presuntos narcotraficantes de alto perfil como Fredy Donaldo Mármol Vallejo, Cristhian Jamil Suazo y Kensy Ibeth García Torres, todos solicitados en extradición.
El MP ejecutó este martes seis allanamientos de morada e inspecciones en distintas propiedades asociadas a Icaza Saborio y a otros implicados, como parte del proceso para recabar pruebas y desarticular por completo la red criminal.
Investigación
Durante las diligencias realizadas por la DLCN, se identificaron vehículos pertenecientes a Icaza Saborio que fueron utilizados en actividades ilícitas. En algunos de estos casos, los automóviles eran conducidos por el ciudadano mexicano Crescencio Ramírez Coria, presunto cabecilla de una organización criminal transnacional, quien ya fue extraditado a Estados Unidos desde Guatemala.
Además, el nombre de Icaza Saborio ya había aparecido anteriormente en las investigaciones del MP. En 2018, como parte de la Operación Laberinto, se encontró documentación que lo vinculaba con la sociedad Inversiones Inmobiliarias del Atlántico S.A. (INATLAN S.A.), de la cual figuraba como representante.
Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar debilitando las estructuras del crimen organizado que operan dentro y fuera del país. Además, se busca cerrar los flujos financieros ilegales y llevar a la justicia tanto a los cabecillas como a los colaboradores de estas organizaciones.