Redacción. Gaspar Soler, un hondureño de 74 años que reside en Florida, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida: abandonar Estados Unidos tras vivir allí durante 27 años, debido a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Durante casi tres décadas, Soler construyó una vida estable en suelo estadounidense. Se adaptó a la cultura, formó vínculos con otras personas y accedió a servicios médicos esenciales para su bienestar. Sin embargo, ahora se ve obligado a tomar una decisión que marcará su destino.
En un reportaje difundido por Telemundo, Soler reveló con tristeza y resignación: “mi plan era continuar aquí hasta morirme”, pero la realidad actual lo enfrenta a una difícil cuenta regresiva. Su permanencia legal depende de que logre regularizar su estatus migratorio, o de lo contrario, deberá abandonar el país en menos de dos meses.
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Difícil escenario
Además del arraigo emocional, Gaspar Soler manifestó un profundo temor por su posible retorno a Honduras. Aseguró que no solo le preocupa adaptarse nuevamente a un país que dejó hace décadas, sino también el impacto que esto tendría en su salud. Su edad avanzada y su dependencia de atenciones médicas constantes —incluyendo varios medicamentos que toma de forma regular— complican aún más su situación. Teme no encontrar en Honduras los tratamientos necesarios para preservar su calidad de vida.
“Tendré que irme para mi país”, admite Soler con voz entrecortada, enfrentando una realidad para la que nunca se preparó.
A medida que el plazo se acorta, miles de beneficiarios del TPS viven con angustia similar. Muchos, como Soler, llegaron hace más de 20 años y hoy enfrentan la amenaza de ser deportados a países marcados por la pobreza, la violencia o la falta de infraestructura médica. En apenas 60 días, deberán encontrar una vía legal para quedarse o prepararse para regresar por su cuenta, si no quieren ser detenidos en redadas migratorias.
