Redacción. Un caso ocurrido en Pensilvania ha reavivado el debate sobre la gestación subrogada y la seguridad infantil en los Estados Unidos.
Brandon Keith Riley-Mitchell, un hombre con antecedentes por delitos sexuales contra menores, se convirtió en padre gracias a un proceso de subrogación (alquiler de vientre), desatando una fuerte reacción en redes sociales y entre expertos.
Riley-Mitchell, de 39 años, y su esposo Logan Riley, un maestro de segundo grado, residen en Seven Valleys, Pensilvania.
En 2023, iniciaron una campaña en GoFundMe para recaudar $50,000 con el fin de cubrir los gastos del proceso. Aunque solo obtuvieron $2,000, lograron continuar y su hijo nació a finales de ese año gracias a una madre subrogante.

Sin embargo, tras la viralización de un video que celebraba el nacimiento del bebé, usuarios en redes sociales investigaron el historial de Mitchell.
Sombrío historial
Descubrieron que en 2016 fue arrestado y posteriormente condenado por posesión de pornografía infantil y corrupción de menores. El caso involucró a un estudiante de 16 años, con quien intercambió miles de mensajes sexuales mientras era su maestro en una escuela secundaria.
Pese a estas condenas, que normalmente impiden a una persona adoptar, Mitchell logró la paternidad debido a un vacío legal en Pensilvania.
A diferencia de la adopción, la gestación subrogada no exige verificaciones de antecedentes penales. Este proceso se maneja como un contrato civil entre los padres intencionales y la subrogante.
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Expertos como Helen Gibson, de Surrogacy Concern, alertaron sobre los riesgos de permitir este tipo de casos. Exigió una investigación inmediata y planteó la necesidad de regulaciones más estrictas. La organización señaló que el sistema actual no garantiza la seguridad del menor.
La reacción pública ha sido intensa. En redes sociales, usuarios han calificado la situación como “alarmante” y han instado al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, a intervenir.

Algunos activistas han exigido prohibiciones más duras o reformas legales que impidan que personas con antecedentes como los de Mitchell accedan a la paternidad por esta vía.
El caso pone sobre la mesa una laguna legal crítica. Mientras las leyes de adopción son estrictas con respecto al historial penal, la subrogación sigue sin estar regulada con el mismo rigor. Esto ha generado preocupación sobre la protección de los menores nacidos bajo estos acuerdos.