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jueves, marzo 28, 2024

¿Pedirá la extradición, Honduras, de North y Poindexter?

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Víctor Manuel Ramos

Aunque para nadie en Honduras es un secreto, la desclasificación de documentos federales de Los Estados Unidos ha destapado el fenómeno del tráfico de drogas patrocinado por el gobierno norteamericano a través de la CIA.

La guerra de los gringos en contra del gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega involucró a Honduras. De esa participación del gobierno de Suazo Córdoba y del de  Azcona del Hoyo, nuestro país cosechó terribles tragedias, principalmente: la implantación del régimen de seguridad nacional, dirigido por un militar demente y asesino que es el responsable de haber implantado un Estado de terror y de haber asesinado y desaparecido a muchísimos hondureños y extranjeros.

La otra consecuencia fue el abandono de miles de armas, sobre todo las tristemente célebres AK47, que pasaron a manos de quienes ahora son los dirigentes de las maras, de las bandas de narcotraficantes y de algunos sectores gubernamentales apoyados en la corrupción de la policía para dirigir la extorsión y el robo.

Y por último la conformación de los carteles dedicados al tráfico de drogas, mediante la utilización del territorio hondureño como punto de tránsito de la droga hacia Los Estados Unidos. La ayuda a la contra nicaragüense provenía de tres fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas y en ella colaboraba cubanos exiliados en Miami.

Fue Honduras el país a través del cual se realizó el trasporte de la droga hacia Los Estados Unidos. “En el escenario estadounidense, el dinero de la droga provenía desde el Sur y se convertía en dinero legítimo en Wall Street. En el escenario latinoamericano, este mismo dinero, una vez blanqueado, volvía a la región en forma de fondos para el paramilitarismo”, explica el ex agente federal Michael Ruppert. En otras palabras, lavado de activos patrocinado por el mismo Estado norteamericano.

Los personajes asociados con esa actividad delictiva eran Oliver North, agente norteamericano encargado de coordinar y financiar las actividades de la Contra; John Poindexter, asesor militar de Reagan, otro importante personaje del gobierno norteamericano; John Dimitri Negroponte, que era embajador de USA en Honduras.  José Bueso Rosa, general hondureño, fue apresado en Los Estados Unidos con un buen cargamento de droga, pero los agentes de la CIA le consiguieron una pena ligth en una cárcel con comodidades en Miami. Otros oficiales hondureños fueron apresados y condenados por la justicia norteamericana con mucha generosidad para estos narcotraficantes.

Se cometieron delitos de tráfico de drogas en Honduras, con el patrocinio del gobierno de Los Estados Unidos y la desclasificación de los documentos secretos del FBI ahora nos rebela esos nombres y sus actividades ilícitas.

Además, ahora sabemos, también con certeza que el gobierno de Los Estados Unidos ha participado en el golpe de Estado en contra del Presidente Manuel Zelaya Rosales. Lo han descubierto los documentos revelados por WikiLeacks y las revelaciones de los mensajes de la Señora Clinton. Y hace poco supimos que el mismo embajador norteamericano presidió la Comisión Nacional de Banca y Seguros y que se asomó a la Comisión Nominadora de los precandidatos a Magistrados a la Corte Suprema de Justicia para verificar la limpieza del trámite.

“Adicionalmente, la desestabilización de los gobiernos y revoluciones en América Latina no eran los únicos objetivos de la inteligencia estadounidense: también eran víctimas de la CIA los movimientos sociales dentro de EE. UU. La agencia buscaba desacreditar a los líderes que luchaban por los derechos civiles con el fin de prevenir transformaciones en el contexto ideológico, la integración racial, la justicia y otros ámbitos.”

Ahora, puestos en evidencia esos personajes norteamericanos es de esperar que el gobierno de Honduras pida su inmediata extradición hacia Honduras para ser juzgados y que solicite, de inmediato, la confiscación de los bienes de esos personajes involucrados en la narcoactividad en el país, en la injerencia en los asuntos internos del Estado de Honduras y en el lavado de activos provenientes del narcotráfico para que nuestro país pueda resarcir las pérdidas que tales actividades ilegales nos ocasionaron.

Así, el pueblo de Honduras podrá estar convencido de que tenemos un gobierno que vela por nuestros intereses como ciudadanos de este país y que, además, hay una completa reciprocidad de acciones entre el gobierno de Honduras y el de Los Estados Unidos. Porque, por ahora, solo vemos que los nuestros son los afectados, los acorralados por este pacto de extradición, pero Honduras no se ha atrevido, ni parece atreverse a exigir reciprocidad.
¿Será acaso que seguimos como republiqueta alquilada?

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