TEGUCIGALPA.- El Estado de Honduras tuvo un perjuicio económico que alcanza los 102 millones de lempiras por Irregularidades en los proyectos hidroeléctricos Patuca III, IIA y II. Los Llanitos y Jicatuyo, el Complejo Energético Valle de Aguán, según revela un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
De acuerdo documento, entre el periodo comprendido de los años 2011 y 2015 las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) han cometido irregularidades en la construcción de un campamento para los empleados así como el mantenimiento y compra de menaje.
Para asesorar y asistir a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en la gestión de dichos proyectos se creó La Ley Especial Reguladora de Proyecto Públicos de Energía Renovable y la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), mediante Decreto Legislativo el 5 de febrero de 2011, de acuerdo a la investigación del CNA que ya fue entregada al Ministerio Público.
El 31 de mayo de ese mismo año 2011, la ENEE a través de representantes del UEPER hicieron la invitación a presentar las ofertas de diversas empresas para encargarse de ejecutar dichos proyectos.
El 12 de agosto, la ENEE firmó un contrato por medio de la UEPER en el cual se fija un precio de al menos 98 millones de lempiras para la edificación del campamento, la adquisición del menaje, pero dos meses antes, mediante una «orden de cambio», se acordó reducir el área y el valor, lo que representaría 82 millones de lempiras, de acuerdo a las averiguaciones del CNA.
El órgano de sociedad civil señala que con la reducción del área de construcción y la firma del millonario contrato, quedaba una diferencia de al menos 16 millones de lempiras, y añade que todo esto se hizo sin seguir lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado se amplió.
IMPLICAN A DIRECTOR DE LA UPER
Señala el CNA que fue el director ejecutivo de la UEPER, cuyo nombre no precisa, el que firmó en noviembre del 2011 el contrato para la construcción de las viviendas para el campamento del proyecto Patuca III, la cual consistía en brindar los servicios generales de mantenimiento, aduciendo que una vez terminada la edificación sería necesario mantener el edificio y las áreas adyacentes.
Para lograr esa firma, se actuó de manera arbitraria y no siguió el debido proceso al reformar las clausulas cuarta, sexta y novena que consisten en Alcance del Contrato, Plazo de Entrega y Garantías, respectivamente, agrega.
Además, en el mantenimiento se encontró un contrato por doce años con un valor de un millón y medio de lempiras que se pagaría mensualmente para el corte de césped y recolección desechos sólidos, agrega la investigación.
Asimismo se adjudicó un contrato por 20 millones de lempiras sin respetar el debido procedimiento para la construcción de otras edificaciones, y en lugar de someter a licitación este nuevo proyecto se le adjudicó de plano a la empresa que estaba a cargo de la primera construcción, según la investigación.
Y siguiendo el mismo método, días después, se realizó una modificación al contrato original violando la cláusula sobre el “Alcance de la Ampliación” por un valor de once millones de lempiras, supuestamente para obras adicionales como construcción de aceras e instalaciones eléctricas del campamento.
El CNA estuvo en capacidad de constatar que el modo de operar de los denunciados era la ampliación desproporcionada de los contratos sin seguir los procedimientos establecidos en la ley, haciendo uso de simples notas u órdenes de trabajos, dice un resumen ejecutivo de la investigación que preparó el CNA.
Así, un contrato que inicialmente se valoró en 82 millones de lempiras, acabó en la cantidad de 203 millones de lempiras, sumando el valor del mantenimiento con el de acondicionamiento y dotación del menaje de las casas del campamento, concluye el CNA.
10 SEÑALADOS, PERO CNA SIGUE INVESTIGANDO
En este caso de los proyectos hidroeléctricos están acusadas diez personas, y algunas están trabajando actualmente en el gobierno, confirmó Gabriela Castellanos, directora del CNA.
“Cuatro de las acusadas se encuentran actualmente laborando en el gobierno, y no se puede revelar la identidad, eso le compete al Ministerio Público”, expresó Castellanos.
Asimismo, reveló que hay otras empresas involucradas, pero que aún no han finalizado las investigaciones, por lo que el CNA podría presentar más líneas de investigación.
