Redacción. Un juez de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara dictó este viernes un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Ever José Esquivel Mejía y Jasmin Dayanara Zepeda Mejía.
Las autoridades señalan a ambos como responsables de retener ilegalmente al diputado Mario Orlando Reyes Mejía y a dos de sus acompañantes, además de robar la camioneta en la que se transportaban.
La audiencia inicial concluyó con la decisión judicial de enviar a los acusados a cumplir la medida cautelar en centros penitenciarios: él será trasladado a la cárcel de Támara y ella a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras avanza el proceso.
Ambos permanecerán privados de libertad hasta por dos años, plazo que establece la ley para la prisión preventiva.
Secuestro del diputado
Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de agosto, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando el congresista y sus dos acompañantes, Juan Ramón Meza y Héctor José Alvarado Fernández, se dirigían desde la ciudad de Santa Bárbara hacia el municipio de Las Vegas.
Al llegar a la altura del desvío hacia San Francisco de Ojuera, decidieron detenerse para revisar su vehículo. Fue en ese momento que, presuntamente, los acusados y otros individuos armados los encañonaron, obligándolos a entregar las llaves y trasladándolos a una zona montañosa.
La fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testificales que, a su juicio, sustentan la acusación por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo con violencia e intimidación agravada (vehículo) en perjuicio de las tres víctimas y de la empresa arrendadora AVIS Renta Car.
La defensa, por su parte, rechazó los señalamientos y solicitó al juez aplicar medidas sustitutivas o incluso un sobreseimiento. Sin embargo, el tribunal no admitió sus argumentos.
El Poder Judicial informó que el caso se mantiene bajo investigación. También indicó que la medida se adoptó en apego al debido proceso y a las normativas nacionales e internacionales en materia de protección de víctimas y administración de justicia.
