Redacción. La Dirección Policial contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó en San Pedro Sula, Cortés, a cuatro presuntos integrantes de la pandilla 18, acusados de participar en un esquema de extorsión dirigido a clínicas privadas en la zona norte del país.
El operativo se desarrolló en la colonia Centroamericana, ubicada en el sector de San Carlos de Sula, donde los agentes lograron la detención de los sospechosos. Durante la acción, las autoridades decomisaron un arma de fuego, dinero en efectivo y un teléfono celular, bienes que serían utilizados como parte de la red de intimidación y cobro ilegal a los establecimientos de salud.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos habrían estado vinculados a una estructura delictiva. Bajo amenazas, exigían dinero a médicos y propietarios de clínicas privadas, afectando directamente el funcionamiento y la estabilidad de los servicios de salud privada en la región.
Las autoridades confirmaron que los remitirán a las instancias judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad penal.
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Modus operandi de los extorsionadores
El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció recientemente que los grupos criminales operan bajo la modalidad de hacerse pasar por pacientes. De esa manera, logran acercarse a médicos y personal de salud; posteriormente los intimidan y exigen sumas de dinero, generando un ambiente de temor e inseguridad.
El presidente del CMH, doctor Samuel Santos, señaló que la situación es especialmente crítica en San Pedro Sula, aunque también se reportan casos en Tegucigalpa. Santos advirtió que estas amenazas tienen un fuerte impacto en la tranquilidad de los profesionales de la medicina y en la continuidad de los servicios.
Ante ello, el gremio médico condenó enérgicamente los actos de extorsión. Asimismo, reprochó la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades gubernamentales. Aseguraron que pese a las denuncias interpuestas, los casos siguen en aumento.
Los profesionales de la salud hicieron un llamado urgente al Gobierno y a las instituciones de seguridad para que se garantice la protección de los médicos y la población en general frente al accionar de las estructuras criminales que atentan contra un sector tan sensible como la salud.
