TEGUCIGALPA, HONDURAS. Miembros de la Asociación de Jueces Por la Democracia (AJD), exigen respeto a la independencia y la potestad jurisdiccional en torno a la resolución emitida en el caso de los 22 supuestos líderes de maras absueltos.
En ese sentido, dicha organización argumentó que los Tribunales de Sentencia, cuando conocen un caso, resuelven el mismo y emiten un fallo con las pruebas que aportan la parte acusadora y defensora.
De tal manera, señalaron que la decisión judicial debe ser discutida en base a esa actividad probatoria. Apuntaron a que no debe ser con especulaciones de supuestas presiones. Rechazando que también sea por extorsiones o aparentes conspiradores para torcer la justicia en un caso concreto.
Asimismo, la AJD indicó que en la mayor parte de las acusaciones, corresponde al Ministerio Público. Dicho ente es responsable del ejercicio de la acción pública penal.
“Demostrar con prueba bastante y suficiente los hechos sobre los cuales acusa. Si la prueba no es contundente, los tribunales de justicia no podrán sostener una sentencia condenatoria”, aclaró esa organización colegiada.
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AJD: “En los casos en el que exista falta de pruebas su deber es absolver”
Por tal razón, la AJD explicó que a los Tribunales de justicia en materia penal les corresponde realizar un control de legalidad, garantizar los derechos de los imputados y materializar una interpretación de la normativa jurídica al caso concreto. Y en los casos en el que exista falta de pruebas, su deber es absolver. Aseguró que deben hacerlo aún cuando la opinión pública cuestione sus fallos.
De igual manera, aseguraron que emiten sentencias condenatorias si existen pruebas, sin importar que sectores interesados demanden una absolución.
A efecto de eso, la Asociación de Jueces refiere que si hay inconformidad con un fallo o sentencia tanto del MP, con del Poder Ejecutivo u otros sectores interesados, deben asumir una postura apropiada respecto a la potestad jurisdiccional, entendiendo que las decisiones judiciales deben ser objeto de respeto en el marco de la garantía de independencia judicial. Y en el caso de que no se compartan, pueden interponer contra las mismas los recursos establecidos en la ley.
En relación a supuestas faltas o actuaciones ilícitas de un juzgador, la AJD reiteró que las investigaciones deben ventilarse en el plano institucional, no mediante los medios de comunicación. También garantizar todos los derechos a las personas que se investigan. De igual manera, evitar que estos casos sean objeto o de juicios paralelos.
Cabe señalar que autoridades del Poder Ejecutivo manifestaron días atrás que si se comprueba que la resolución en dicho caso es en el marco de la justicia, deberán respetarla aunque sea reprochable. Pero de comprobarse que es una conspiración, él luchará para que se haga justicia.
