Tegucigalpa, Honduras.– La bancada del Partido Liberal formalizó este viernes 4 de julio su solicitud para que se aplique juicio político contra la diputada Isis Cuellar, del Partido Libertad y Refundación (Libre), en el marco de señalamientos por presunto uso de fondos públicos para fines partidarios.
Los diputados liberales acudieron a los bajos del Congreso Nacional –actualmente cerrado por trabajos de reparación tras las lluvias recientes– para entregar la petición formal y exigir a las autoridades del Legislativo que activen el proceso de juicio político conforme a la ley.
El diputado Jorge Cálix encabezó la conferencia de prensa en la que explicó que la solicitud se fundamenta en la presunta utilización de recursos estatales para financiar actividades proselitistas a favor de la precandidatura de Rixi Moncada. Según Cálix, existen registros audiovisuales donde la propia diputada admite haber utilizado fondos públicos con fines políticos.
El legislador aseguró que se distribuyeron kits de campaña a coordinadores municipales en el departamento de Copán y que esta práctica se habría replicado en los 17 departamentos restantes, con la participación de otros coordinadores departamentales.
Cálix recalcó que Cuellar no ocupa un cargo menor, sino que es vicepresidenta del Congreso Nacional, coordinadora política de la campaña de Moncada en Copán y subjefa de la bancada de Libre. Añadió que no se busca perjudicar a la congresista, sino que se investigue conforme a derecho un posible acto de corrupción.
También cuestionó el uso de recursos del Estado y de medios oficiales para la promoción política de funcionarios y precandidatos del partido oficialista.
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¿Cómo se podría aplicar el juicio político?
El juicio político es un procedimiento constitucional que permite destituir a altos funcionarios del Estado cuando incurren en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones. Está regulado por la Constitución de la República y por la Ley de Juicio Político, aprobada en 2013.
Las causales de un juicio político son: una denuncia grave en el desempeño del cargo, cuando el servidor público realiza acciones orientadas a ejercer actividades ilegales o recibir beneficios de negocios incompatibles con las funciones y responsabilidades que le competen, así como aquellas que impone sobre otros para lograr objetivos personales, fuera del marco legal, debido a su superior posición como autoridad del Estado.
Asimismo, un juicio político procede ante actuaciones contrarias a la Constitución de la República o al interés nacional. Se trata de acciones u omisiones que sean manifiestamente contrarias a las funciones, obligaciones y atribuciones establecidas en la Constitución de la República para el cargo que desempeña, o que lesionen el interés nacional por ser contradictorias con las políticas del Estado.
Otras razones son negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. También por impericia, malicia o por padecer una enfermedad que limite su desempeño con diligencia y cause perjuicio al interés público.
¿Qué sigue?
El procedimiento para establecer un juicio político comienza con la presentación de una moción ante el pleno del Congreso. Acompañada por fundamentos y pruebas suficientes que respalden los señalamientos.
En ese sentido, el Congreso debe crear una Comisión Especial para examinar la denuncia. Posteriormente, la moción debe someterse a votación ante el pleno y aprobarse con el voto favorable de dos tercios del total de miembros del Legislativo.
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