Redacción. En un momento que ya es considerado histórico por su carga simbólica y política, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue forzado a retirarse anticipadamente del Congreso de la República, en medio de una estruendosa rechifla y gritos de indignación por parte de los legisladores.
El ambiente, cargado de tensión, estalló tras unas polémicas declaraciones del mandatario durante su discurso: “En Colombia ya no hay violencia” y “el país es un ejemplo de seguridad para el mundo”.
Estas afirmaciones, emitidas en un contexto de creciente malestar social y político, fueron recibidas con furia por las bancadas de oposición, que respondieron con unísonos gritos de “¡Fuera Petro!”, “¡Mentiroso!” y “¡No más mentiras, Colombia sangra!”.
La escena fue caótica, tensa y cargada de simbolismo, reflejando el profundo descontento institucional de los congresistas. Esta situación obligó al mandatario colombiano a retirarse entre abucheos, marcando un nuevo punto de inflexión en la ya polarizada vida política del país.
El estallido político ocurre pocos días después de que se confirmara la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, una de las figuras más destacadas de la oposición, quien murió tras luchar durante dos meses por su vida luego de sufrir un atentado armado.
Un presunto sicario de apenas 15 años atacó a Uribe el pasado 7 de junio en un barrio popular de Bogotá, disparándole en tres ocasiones. Dos de los disparos impactaron directamente en su cabeza.
Desde ese momento, el senador permaneció en cuidados intensivos, sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas y un exigente proceso de neurorehabilitación. Aunque a mediados de julio se reportaron leves mejoras, una nueva hemorragia cerebral agravó su estado y finalmente condujo a su fallecimiento.
La muerte de Miguel Uribe ha sacudido profundamente a la sociedad colombiana. El senador colombiano no solo ejercía como senador, sino que también figuraba como uno de los favoritos para las elecciones presidenciales de 2026, lo que lo convertía en un importante contrapeso al gobierno actual.
La investigación sobre el asesinato de Uribe continúa abierta. Mientras tanto, el país se encuentra sumido en una nueva ola de incertidumbre, marcada por la muerte de una figura clave en la oposición.
Los legisladores mostraron su descontento tras el discurso de Petro.
REDACCIÓN. Cinco personas estuvieron a punto de perder la vida tras sufrir una grave intoxicación por dióxido de carbono mientras viajaban a bordo de un vehículo que provenía del departamento de Yoro con destino a La Ceiba.
El incidente ocurrió cuando, durante el trayecto, el escape del automóvil sufrió una avería que permitió que el gas ingresara al interior del carro. La acumulación del dióxido de carbono provocó que los ocupantes empezaran a experimentar mareos, vómitos, dificultad para respirar y pérdida de la conciencia.
Menores de edad resultaron afectados.
Al percatarse de la gravedad de la situación, personas que se encontraban en la zona auxiliaron a los afectados y alertaron a las autoridades. Los cinco fueron trasladados de emergencia al Hospital General Atlántida, donde recibieron atención médica oportuna que logró estabilizar sus signos vitales.
El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que, en espacios cerrados y en altas concentraciones, desplaza el oxígeno y puede provocar asfixia. Aunque es un compuesto presente de forma natural en el aire, su inhalación en exceso –como en casos de fugas dentro de vehículos o espacios mal ventilados– puede ser mortal en pocos minutos.
Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional busca la aprobación de un convenio de crédito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Gobierno de la República, por un monto de 150 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a 197,525,940.70 dólares (más de 5,135 millones de lempiras).
De acuerdo con el dictamen, emitido por la comisión correspondiente y que está listo para someterse al tercer y último debate, el financiamiento busca respaldar el Programa de Reforma Económica e Institucional que impulsa el Poder Ejecutivo.
Según el documento, los recursos se destinarían al fortalecimiento de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica, el incremento de las reservas internacionales y la cobertura del déficit fiscal, evitando recurrir a financiamiento interno que podría generar presiones inflacionarias.
El dictamen también señala que la aprobación del convenio permitirá al Estado cumplir con obligaciones financieras sin poner en riesgo programas sociales, proyectos de infraestructura, pago de salarios del sector público y el servicio de la deuda, garantizando liquidez y sostenibilidad fiscal.
El convenio fue firmado el 19 de febrero de 2025. Según el informe legislativo, representa una “decisión estratégica” para el desarrollo económico del país.
El préstamo está listo para que lo discutan en el tercer y último debate.
No es el primero
Durante la actual administración, este no sería el primer préstamo del BCH que el Poder Legislativo aprueba al Ejecutivo.
En agosto del año 2022, se aprobó un convenio de préstamo con el BCH de mil millones de dólares. Ese dinero estaba destinado a inversión pública de reparación de escuelas, construcción de hospitales y la construcción de represa El Tablón, en el Valle de Sula, entre otros proyectos.
Sin embargo, el economista Walter Romero cuestionó la conveniencia del endeudamiento, especialmente en un año electoral y a menos de cuatro meses para el cierre del ejercicio fiscal.
“Según el gobierno, es para fortalecer las finanzas públicas y fomentar el desarrollo económico. Pero no existe un plan detallado que respalde ese discurso; lo que hay es un apoyo presupuestario general, sin proyectos definidos, sin indicadores de impacto y sin metas claras”, advirtió.
Romero alertó que este tipo de recursos podrían terminar cubriendo gasto corriente. Explicó que, incluso, podrían llegar a emplearse para campañas políticas o sostener redes de clientelismo, en lugar de invertirse en infraestructura, generación de empleo o servicios esenciales.
“No hay medicinas en los hospitales, la infraestructura escolar está deteriorada. Ahí es donde deberíamos enfocar el presupuesto, no en endeudarnos para sostener el alto gasto corriente”, enfatizó.
Walter Romero, economista.
El economista también señaló la falta de transparencia como un riesgo grave para la correcta administración de los fondos.
“Si no se establece un plan de ejecución con licitaciones abiertas y auditorías a priori del TSC, la corrupción seguirá permeando. Y esta deuda no traerá beneficios reales para los hondureños”, subrayó.
El proyecto de decreto, que será discutido en el pleno legislativo, deberá obtener el respaldo de 65 diputados para su aprobación definitiva.
Redacción. La Secretaría de Defensa Nacional de Honduras respondió este jueves a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aduciendo que se realizan operaciones de la lucha contra el narcotráfico en el territorio hondureño.
En un comunicado, Defensa enfatizó que “cada misión operativa y estratégica en resguardo del pueblo hondureño se ejecuta basada en la política de seguridad nacional que incluye acciones de combate directo a los ilícitos del tránsito de droga por el territorio nacional”.
La Secretaría de Defensa asegura que las FFAA realizan operaciones diarias por tierra, mar y aire para proteger la integridad territorial.
El documento asegura que “la integridad territorial de Honduras es diariamente protegida con las labores operativas institucionales de la Secretaría de Defensa Nacional ejecutadas por las Fuerzas Armadas (FFAA) por tierra, mar y aire, haciendo prevalecer la ley y aplicando en cada operación el resguardo nacional”.
Asimismo, el comunicado resaltó que Honduras ha recibido reconocimientos internacionales por su labor en la lucha contra el narcotráfico, destacando la colaboración de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea en operaciones conjuntas contra organizaciones criminales transnacionales.
Boletín de prensa por parte de la Secretaría de Defensa Nacional.
Apoyo de EE. UU.
El comunicado también resaltó las declaraciones del contraalmirante Jeffrey K. Randall, director de la Guardia Costera de EE. UU., quien reconoció la labor de las fuerzas hondureñas en la lucha contra el narcotráfico.
“Dada mi larga participación en la misión de lucha contra el narcotráfico, sigo impresionado por la tenacidad e iniciativa operativa exhibida por las fuerzas hondureñas contra objetivos de interés marítimos y aéreos», detalló Randall en su momento.
Jeffrey K. Randall destacó además que estas acciones permiten que Honduras continúe siendo un contribuyente importante en los esfuerzos regionales contra el narcotráfico.
La Secretaría concluyó afirmando que “ejecuta su responsabilidad constitucional de protección nacional”.
Añadió que “conforma permanentemente los equipos de combate en la lucha integral regional de los ilícitos como el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional para eliminar y disuadir las amenazas diarias”.
REDACCIÓN. Un video protagonizado por varios militares hondureños bailando punta en un salón ha captado la atención de miles de internautas en las últimas horas, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.
Según reportes de medios locales y publicaciones en plataformas como Facebook y TikTok, las imágenes muestran a los uniformados disfrutando del tradicional baile hondureño, con música, risas y movimientos coordinados que han despertado una amplia gama de reacciones.
En el material audiovisual se observa a los miembros de la Fuerza Armada moviéndose al ritmo de la punta. Mostraban destreza y alegría, en un ambiente distendido que contrasta con la imagen habitual de disciplina y orden que caracteriza a las instituciones militares.
El video ha generado tanto comentarios positivos como críticas entre los usuarios. Mientras algunos celebran el momento, evocando recuerdos y destacando la cercanía de los uniformados con la cultura local, otros cuestionan la escena. Señalan que este tipo de actividades podrían distraerlos de sus funciones principales.
Un usuario comentó: “Ahora ellos hacen lo que quieren, les quitan la moto aunque uno ande en regla papeles”, reflejando el contraste entre la percepción del público y la imagen que proyectan los militares.
Este clip se suma a una tendencia creciente en redes sociales. Tanto policías como militares en Honduras han sido captados bailando en distintas celebraciones, desde festividades locales hasta eventos internos de las instituciones. Para algunos, estos videos permiten ver “el lado humano de las fuerzas de seguridad”, mostrando que también disfrutan de momentos de diversión y cultura popular. Sin embargo, otros consideran que estas publicaciones pueden generar controversia, pues podrían percibirse como una distracción de sus responsabilidades oficiales.
Redacción. Un juez ordenó este jueves la detención judicial de Arcadio Corrales Estrada, Perfecto de Jesús Enamorado Paz y Antonio David Kattán Rivera, acusados de supuestamente planear un atentado contra el expresidenteManuel Zelaya Rosales.
Tras la resolución, los tres imputados fueron trasladados de inmediato al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán. De acuerdo con el informe, los tres sujetos permanecerán en este centro penal mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Asimismo, se informó que la audiencia inicial quedó programada para el próximo 18 de agosto a las 10:00 de la mañana. En esa comparecencia se presentarán y evaluarán los medios de prueba de las partes.
Los tres capturados por las autoridades son ciudadanos mayores.
El Ministerio Público acusa a los detenidos de los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista.
Sobre la posibilidad de medidas sustitutivas, la portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, explicó que no se aceptó ninguna caución debido a la gravedad de los señalamientos, pese a que dos de los imputados pertenecen a la tercera edad.
El fiscal general reveló el supuesto plan para asesinar al también coordinador de Libertad y Refundación.
Autoridades detuvieron a los imputados este jueves en diferentes puntos del país: Corrales Estrada, de 64 años en Tegucigalpa; Enamorado Paz, de 69 años y residente en Comayagua; y Kattán Rivera, de 53 años y comerciante en San Pedro Sula.
El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, indicó que los imputados tenían la intención de desestabilizar el orden constitucional y promover un golpe de Estado contra el gobierno de Xiomara Castro.
REDACCIÓN. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como la edición más grande de la historia del torneo, con partidos programados en 11 ciudades de Estados Unidos. El campeonato contará con la participación de 48 selecciones, lo que atraerá a millones de aficionados de todo el mundo y marcará un hito en la historia del fútbol internacional.
Las autoridades estadounidenses han enfatizado la importancia de que los viajeros internacionales verifiquen con anticipación los requisitos de visa. Aquellos provenientes de países que necesitan autorización para ingresar a Estados Unidos deben iniciar el proceso de solicitud cuanto antes, dado el alto volumen de solicitudes que se espera en los meses previos al torneo.
Los requisitos para la visa no inmigrante han cambiado.
El Departamento de Estado de EE. UU., a través de su sitio oficial travel.state.gov, ofrece información detallada sobre los tipos de visa, procedimientos de solicitud y tiempos estimados de procesamiento. Se recomienda revisar cuidadosamente los documentos requeridos, agendar entrevistas con suficiente antelación y preparar evidencia que demuestre vínculos sólidos con el país de origen, garantizando así el regreso tras el torneo.
Además, las autoridades señalan que los visitantes deben considerar otros aspectos logísticos del viaje, como alojamiento, transporte y seguridad. Las ciudades sede experimentarán un aumento significativo en la afluencia de turistas. Por ello, planificar con anticipación permitirá disfrutar del torneo de manera más segura y organizada.
El Mundial comienza en unos meses.
El gobierno estadounidense aconseja que la preparación temprana incluya la reserva de hoteles y la planificación de rutas de transporte. Asimismo, la familiarización con las medidas de seguridad locales. Estas acciones no solo facilitarán la experiencia de viaje, sino que también contribuirán a que los aficionados puedan vivir la Copa Mundial 2026 sin contratiempos.
Redacción. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la creación de un nuevo centro de detención para migrantes en el norte del estado, el cual operará en una prisión estatal actualmente abandonada.
Este nuevo centro ha sido bautizado como “Depósito de deportación”, y será utilizado para procesar y deportar a personas que se encuentren en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
El centro estará ubicado en el Instituto Correccional del condado de Baker, una prisión que actualmente no está en funcionamiento.
El gobernador hizo el anuncio este jueves durante una declaración a los medios desde el Instituto Correccional del condado de Baker, el lugar donde se pondrá en marcha la polémica instalación.
“Depósito de deportación”
Según DeSantis, esta medida forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la política migratoria en el estado y combatir lo que considera una «crisis de inmigración ilegal» en la frontera sur.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de DeSantis para reforzar las políticas migratorias en el estado.
“Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos Depósito de deportación”, declaró el gobernador republicano ante la prensa.
Centro de detención en EE. UU.
El anuncio se produce poco más de un mes después de la inauguración de otra instalación similar, conocida como “Alligator Alcatraz”, también destinada al procesamiento de migrantes detenidos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos pro-inmigrantes han criticado ambas iniciativas. Aseguran que DeSantis utiliza una retórica punitiva y deshumanizante para abordar el tema migratorio.
Migrantes en centro de detención.
Por su parte, el gobierno estatal ha defendido estas acciones. Afirman que Florida tiene el derecho de tomar medidas propias ante lo que describen como la inacción del gobierno federal frente al aumento de cruces irregulares y delitos asociados a redes de tráfico humano.
El “Depósito de deportación” representa un nuevo paso en la agenda migratoria de DeSantis. Además, el gobernador ha hecho del control fronterizo y la seguridad una de sus principales banderas políticas, tanto a nivel estatal como nacional.
Redacción. La Comisión de Campaña del Partido Liberal de Honduras (PLH) se pronunció este jueves ante las recientes declaraciones del fiscal general, Johel Zelaya, denunciando lo que consideran una estrategia de distracción ante temas clave y de interés nacional.
Y es que en horas tempranas, el fiscal general anunció la existencia de una presunta conspiración para impedir la realización de las elecciones generales del 30 de noviembre, así como un supuesto plan para asesinar al expresidente Manuel Zelaya.
En el comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, el PLH expresó su «profunda preocupación» por lo que catalogan como un patrón de vigilancia y persecución contra ciudadanos y líderes políticos de la oposición.
Según la institución política, esta vigilancia estaría orientada a incriminar o intimidar a quienes ejercen su legítimo derecho a la crítica y participación política. “La información presentada sugiere que se está escuchando, observando y vigilando sin que eso signifique que se está conspirando o complotando contra nadie en particular”, afirmaron los liberales.
El fiscal Zelaya anunció la existencia de una presunta conspiración para impedir las elecciones, así como un supuesto plan para asesinar a «Mel» Zelaya.
Asimismo, el PLH denunció que el uso de audios donde se involucra a personas comunes representa un intento deliberado por infundir temor en la población. Describen estas acciones como “un mecanismo de amedrentamiento, buscando silenciar voces disidentes”.
La Comisión Liberal sostiene que las declaraciones del fiscal general buscan “distraer a la población a semanas de las elecciones”. Esto se da, puntualizan los liberales, luego de que la fiscal estadounidense Pamela Bondi denunciara que el régimen de Venezuela estaría pagando por el uso de espacio aéreo para el transporte de droga en varios países de la región, incluyendo a Honduras.
“Si el fiscal general (Johel Zelaya) de nuestro país tiene todas las pruebas contra las supuestas amenazas, debe proceder ya mismo”, exigió el PLH. Asimismo, urgió a que se inicie una investigación profunda sobre los vínculos entre el narcotráfico y posibles figuras hondureñas.
“Rechazamos las cortinas de humo que desde el poder se pretende implementar y buscar tapar una denuncia grave de una alta funcionaria de la administración del presidente Donald Trump”, añadió el comunicado. Además, el PLH reclamó una “respuesta urgente” por parte de las autoridades gubernamentales.
Compromiso
En su posicionamiento, el Partido Liberal reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, las libertades públicas y la democracia. En este sentido, rechazaron “categóricamente cualquier intento de persecución política, manipulación de la información o uso indebido de los recursos del Estado para intimidar a la oposición o a la ciudadanía”.
Además, el PLH instó al gobierno a redirigir los esfuerzos utilizados en la supuesta vigilancia política hacia problemas más urgentes para la sociedad hondureña. “Instamos a que los mismos recursos, capacidades y mecanismos que se están utilizando para la vigilancia política se empleen de manera urgente y prioritaria en la lucha contra la ola de secuestros, asesinatos y demás crímenes que afectan diariamente la seguridad y la vida de los hondureños”, manifestó la institución política.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que mantenga una vigilancia activa sobre la situación en el país. «Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilantes y exigir que se respete la libertad de expresión. Asimismo, que se garantice la privacidad de los hondureños y se respeten los principios fundamentales de la democracia», sentenció el PLH.
Comunicado oficial del PLH publicado en sus redes sociales.
REDACCIÓN. Un sacerdote católico está bajo investigación por supuestamente iniciar una relación de años con una stripper de 17 años y pagarle cientos de miles de dólares para que no lo dijera.
Robert Sullivan, de 61 años, está de licencia como pastor de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Homewood, Alabama, después de ser acusado públicamente de iniciar una relación con Heather Jones, ahora de 33 años, cuando ella era una adolescente vulnerable en 2009.
Jones dijo en una carta a la Diócesis de Birmingham —y compartida con The Guardian— que conoció a Sullivan mientras bailaba en un club de striptease que él frecuentaba.
Mientras le daba propina, le ofreció 273.000 dólares para firmar un acuerdo de confidencialidad a cambio de «una relación continua que incluiría apoyo financiero a cambio de compañía privada», alegó Jones, quien le dijo al Guardian que el acuerdo incluía sexo.
Jones, quien estuvo en un hogar de acogida debido a la “grave negligencia” de su madre, dijo que “estaba indecisa. Sin embargo, finalmente aceptó debido a su persistencia y al estado [mental] en el que me encontraba”, según su carta a la diócesis.
Días después, recibió dos transferencias bancarias de 136.500 dólares cada una a nombre de un despacho de abogados, según alegó.
Sullivan, quien inicialmente se hizo pasar por médico, la llevó de compras, a comer, a beber y a hospedarse en hoteles en al menos seis ciudades diferentes de Alabama a lo largo de la relación, que duró hasta este año, según alegó.
El sacerdote le compró un teléfono e incluso pagó su ingreso a rehabilitación mientras sufría de adicción y depresión, afirmó la acusadora.
Entre el 18 de julio de 2024 y marzo de este año, una cuenta de Venmo a nombre de Jones le había pagado a Jones casi 120.000 dólares, dijo a The Guardian.
Jones dijo que se sintió obligada a hacer públicas las acusaciones porque Sullivan trabaja muy de cerca con las familias y sus hijos en su iglesia.
“Otros pueden ser vulnerables al mismo tipo de manipulación y explotación”, dijo al periódico.