Tegucigalpa, Honduras. Expertos coincidieron en que, en el caso de corrupción denominado el “Sedesolazo” o «Checazo», es necesario buscar una auditoría externa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de otras dependencias involucradas y de los proyectos gestionados por los diputados.
Y es que, a más de una semana de que saliera a la palestra pública el polémico caso, sus detalles continúan saliendo a diario. El escándalo ya provocó la salida de José Carlos Cardona como titular de Sedesol, y también ha involucrado a la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar.
Desde que se revelaron las supuestas irregularidades de Cuellar en la entrega de ayudas sociales a través de Sedesol, la presidenta de la República, Xiomara Castro, emplazó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a realizar una auditoría.
La primera auditoría concluyó con hallazgos de irregularidades en la emisión de cheques, control interno, y en la ejecución y liquidación de gastos de la institución que dirigía José Carlos Cardona.
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Otra auditoría
En los últimos días, desde el Congreso Nacional se reveló una lista de 220 diputados de todas las bancadas que gestionaron proyectos a través del Fondo Social, establecido en el artículo 349 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2025, que contiene un monto de 950 millones de lempiras, los cuales son desembolsados con el visto bueno de los parlamentarios, además de las subvenciones.
Las autoridades del Poder Legislativo también solicitaron al TSC que realizara una auditoría de los proyectos gestionados por los congresistas en un término de 60 días. Este periodo concluye el 30 de agosto de este año.
Mientras tanto, el Ministerio Público realizó el secuestro de documentos en las instalaciones de Sedesol en Copán. Un grupo de fiscales efectuó una inspección en campo de los proyectos gestionados, pero hasta el momento no se ha informado sobre los hallazgos.
Auditoría externa
Armando Urtecho, director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recomendó que se realice una auditoría externa para fortalecer la investigación del caso de corrupción.
Urtecho recordó que un ente de sociedad civil hizo la petición al Congreso Nacional para revisar todas las cuentas y gestiones, pero fue bloqueado.
“Creo que una auditoría externa le daría mayor validez a la investigación y permitiría verificar qué es lo que realmente ha ocurrido con esos fondos, incluso los del subsidio del Congreso”, manifestó.
El director del Cohep expresó que se debe hacer una revisión de todas las instituciones autorizadas por el artículo 349 del Presupuesto, y determinar cómo y quién autorizó la erogación de las ayudas.
“Que presenten las pruebas y que los órganos contralores y el Ministerio Público cumplan su verdadera función, ya que no va a haber auditorías externas, eso dalo por hecho, ni en la Secretaría de Finanzas ni en la Secretaría del Congreso Nacional de la República”, concluyó.
Especial
Olban Valladares, analista político, expresó que se debe realizar una auditoría independiente de los proyectos gestionados por los diputados para verificar que las obras se hayan ejecutado.
“Lo importante es ir al sitio con una auditoría independiente, con la supervisión de la sociedad entera, y ver si las obras están ahí. Si cumplen el requisito de ser de uso social, enhorabuena, no nos asustemos. Pero si no lo hacen, entonces que la ley caiga con todo su peso sobre el culpable”, manifestó.
El analista señaló que el Ministerio Público debería actuar con base en su labor constitucional en favor de los intereses de la población hondureña, y no de intereses políticos.
“El Ministerio Público tiene una obligación constitucional de investigar en defensa de los intereses de la sociedad. Esa es precisamente su responsabilidad, pero han ocurrido tantas cosas que se acomodan a intereses políticos…”, sostuvo.
Valladares afirmó que no se debe eliminar el artículo 349 del Presupuesto, sino que se debe prohibir que los diputados gestionen los fondos.
“Lo que debería hacerse, ya sea en el reglamento del Congreso o en la Ley del Presupuesto, es prohibir que ningún recurso del Estado, con fondos públicos, pueda ser usado de manera directa o indirecta por los diputados ni por ningún otro funcionario público”, manifestó.
Finalizó indicando que el listado brindado por las autoridades del Poder Legislativo sobre la gestión del Fondo Social y las subvenciones tiene como finalidad desprestigiar a los congresistas y a los partidos políticos a los que pertenecen.
Institucionalidad
Sobre el tema, el ministro de la Secretaría de Transparencia, Sergio Coello, dijo que se debe confiar en la institucionalidad del Estado y permitir que los entes competentes desarrollen su labor en este caso.
“Hay que apostarle a la institucionalidad, a la confianza en que se actúe con responsabilidad desde cada uno de los operadores del Estado. Esperamos que el Ministerio Público, en caso de encontrar inconsistencias, actúe de manera efectiva para demostrar que es una institución al servicio de las grandes mayorías”, comenzó diciendo.
Agregó: “esperamos que el TSC, en caso de encontrar actos al margen de la ley, actúe con toda la diligencia administrativa pertinente. Entiendo que en el TSC hay personal técnico calificado, al igual que en el Ministerio Público, donde hay profesionales con una alta carrera dentro del mismo”.
El funcionario sostuvo que esperan que ambas instituciones actúen con eficacia y den una respuesta al pueblo hondureño. También argumentó que la Secretaría de Transparencia está acompañando las auditorías.
“No vamos a tolerar ningún acto de corrupción y será trasladado a los órganos correspondientes para que sean ellos quienes judicialicen. Esas personas tienen que responder y se les tiene que aplicar todo el peso de la ley”, concluyó.
Es importante dar a conocer que Diario TIEMPO intentó comunicarse con el TSC. Las comunicaciones y magistrados no brindaron una respuesta sobre el trabajo de auditoría que están realizando en el caso “Sedesolazo”.
¿Juicio político?
Tras la exposición del listado, las bancadas de oposición coincidieron en que buscarán derogar el artículo 349 del Presupuesto General. Lo harían para evitar que continúen los actos de corrupción.
Además, desde la bancada del Partido Liberal anunciaron que buscarán aplicar un juicio político en contra de la diputada Isis Cuellar. Desde su mismo partido, a Cuellar le están pidiendo que cese de su cargo dentro del Congreso Nacional. Hasta el momento, ella se ha mantenido en silencio.
De igual manera, ha trascendido que desde la cúpula del partido de gobierno estarían considerando suspender a la congresista, quien también es coordinadora de campaña de la presidenciable, Rixi Moncada. No obstante, la información no ha sido confirmada. La sesión de Libre se llevará a cabo este viernes, donde se tomarán medidas sobre el caso.
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