Redacción. Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, la situación se ha vuelto difícil para miles de migrantes. Un ejemplo de ello es el caso de una mujer hondureña en Orlando, Florida, Estados Unidos, que permanece inmóvil, postrada en una cama y atada a una esperanza que poco a poco se desvanece.
La compatriota, identificada como María por su familia, sufrió un derrame cerebral hace cinco años que la dejó sin habla ni movilidad. Desde entonces, su existencia depende por completo del sistema de salud en suelo estadounidense, al cual ha accedido durante 26 años bajo el TPS. Sin embargo, ahora esa protección ha llegado a su fin.
El pasado 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del TPS para más de 55 mil hondureños, argumentando que Honduras cuenta ahora con condiciones adecuadas para el retorno seguro de sus ciudadanos.
Esta medida, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, ha generado una ola de incertidumbre entre familias migrantes, muchas de las cuales enfrentan situaciones extremas como la de María.
“Al quitarle el TPS queda prácticamente en el limbo, y lo más probable es que pierda su seguro médico», relata una de sus hijas en una entrevista con Noticias Telemundo, con voz entrecortada.
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El temor es claro: sin ese seguro, su madre quedará sin acceso a los tratamientos, equipos y terapias especializadas que han mantenido su frágil estado de salud.
Dificultad
El regreso a Honduras, afirman sus familiares, no es una opción. La complejidad médica del caso, sumada a la precariedad del sistema de salud hondureño, haría inviable su supervivencia. “Por la situación en que está mi mamá es muy difícil llevarla en un avión comercial. Además, en Honduras sería difícil atenderla por todo lo que necesita”, agregan.
Como parte del proceso de cancelación del TPS, el DHS ha promovido una modalidad de salida “voluntaria” a través de la aplicación CBP Home, ofreciendo a los migrantes un pasaje aéreo, un bono de salida de mil dólares y la promesa de una eventual posibilidad de retorno legal. Pero para casos como el de María, ninguna de esas ofertas representa una alternativa digna o viable.
Frente a esta situación, asociaciones de migrantes ya están explorando rutas legales para frenar la medida, calificándola de desproporcionada e inhumana. En los tribunales podría librarse la última batalla para miles que, como María, no pueden defenderse por sí mismos, pero cuya vida depende de decisiones tomadas lejos de sus camas y sus voces.
Esperanza
El caso de María simboliza una verdad más amplia: muchas personas no solo llegaron a EE. UU. en busca de oportunidades, sino que también allí encontraron la única posibilidad de sobrevivir.
A pesar de que María no pueda hablar, su historia clama por justicia en un sistema migratorio que demuestra cuán frágil puede ser. Sin embargo, lo que parece una política estricta revela en realidad una tragedia humana profundamente injusta, donde las decisiones administrativas terminan afectando vidas de manera irreversible.
El TPS es un programa que durante décadas ha sido un pilar de estabilidad para quienes huyeron de contextos de violencia, desastres naturales y pobreza estructural. Entre ellos, historias como la de María reflejan con crudeza las consecuencias humanas detrás de esta decisión.
