Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos tres años, el gobierno actual dejó a disposición de los diputados al menos 2,850 millones de lempiras a través de diferentes Secretarías estatales.
En el decreto 157-2022, correspondiente al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2023, el artículo 292 establece una asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras para ser gestionados a través de cinco instituciones estatales.
Estas son: el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), y el Instituto de Crédito Educativo (EDUCREDITO).
Los fondos debían ser gestionados a petición y en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros, así como para el otorgamiento de becas de estudio en todos los niveles educativos.
2024 y 2025
De igual manera, para el 2024 se aplicó el mismo contenido y monto en el artículo 338 del decreto 62-2023 del Presupuesto General, con la diferencia de que se agregaron nuevas dependencias estatales: el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
Para el presente año, el artículo 349 del decreto 04-2025 del Presupuesto General mantuvo la misma línea, monto y dependencias estatales para la ejecución de los fondos.
La exposición sobre la gestión de estos fondos se da en el marco del escándalo por supuesta corrupción en la administración de ayudas sociales por parte de diputados, entre ellos Isis Cuéllar, a través de Sedesol. Se han denunciado presuntos desvíos de ayudas a favor de miembros del partido de gobierno, quienes se habrían hecho pasar por personas necesitadas para acceder a los beneficios.
Diputados
De acuerdo con datos revelados por las autoridades del Congreso Nacional, al menos 220 diputados gestionaron proyectos: se trata de 96 de los 100 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), 70 de 88 del Partido Nacional y 39 de 44 del Partido Liberal.
También serán auditados 11 de los 20 congresistas del Partido Salvador de Honduras (PSH) y los dos parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido Anticorrupción.
El ente solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realice una auditoría de los proyectos gestionados por los diputados y presentar un informe en los próximos 60 días.
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Fondos gestionados en 2023:
Fondos gestionados en 2024:
Se debe eliminar
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), señaló que el Fondo Social debe eliminarse, ya que se presta para el clientelismo político.
“Se le denomina Fondo Social, y viene a sustituir al Fondo Departamental. Cuando existía, se asignaba a través del Presupuesto, con una partida directa dentro del Congreso, entregada directamente a los diputados. La diferencia con el Fondo Social es que se van incorporando instituciones del Estado para ejecutar el dinero”, explicó en un medio local.
El togado añadió que, aunque en teoría existe un mayor control respecto al Fondo Departamental, no hay claridad sobre el manejo de los 950 millones de lempiras anuales.
“Los recursos se destinan a una figura de corrupción conocida como clientelismo político, que fue nociva en el pasado y sigue siéndolo hoy. Lo único que se les pide a las secretarías es que venga con el visto bueno de un diputado”, expresó.
Solórzano indicó que las investigaciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Ministerio Público deben ser públicas y no manejarse con secretividad.
“Los diputados están para legislar. Aunque en el artículo 205 se establecen las subvenciones, estas son competencia directa del Congreso, no de los diputados. Cuando se les permite ejecutar obras, eso es clientelismo político. No están en el Congreso para ejecutar obras, sino para legislar y presentar proyectos que ayuden al país”, sostuvo.
Finalizó afirmando que este Fondo Social debe eliminarse y que los diputados involucrados deben renunciar a su cargo.
Cauce
Rafael Canales, expresidente del CAH, manifestó que los poderes del Estado deben regresar a su cauce. En el caso del Legislativo, debe enfocarse exclusivamente en la creación y derogación de leyes. De lo contrario, continuarán las irregularidades en la gestión de fondos.
“Ha habido un deterioro constante, no solo en este gobierno, pero sí arraigado en él, principalmente en época electoral, donde se socava la confianza pública y la eficiencia del gobierno al ejecutar estos fondos de forma discrecional desde el Congreso”, expresó.
Canales señaló que una de las principales problemáticas es que cada sector político realiza su propia interpretación de la Constitución de la República.
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“Es una malversación de fondos públicos que deriva en responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales”, manifestó.
El exdirigente del CAH señaló que no tiene congruencia que el Congreso tenga ese tipo de atribuciones, ya que estas deberían corresponder únicamente al Poder Ejecutivo. “Tiene que volver la institucionalidad a realizar las funciones que la ley le manda”.
Concluyó criticando que con una simple nota se llegaban a desembolsar hasta 100 mil lempiras, lo cual no corresponde al rol del Legislativo.
¿Pueden eliminarlo?
La diputada del PSH, Ligia Ramos, manifestó que su bancada trabaja en un proyecto para eliminar la facultad de los congresistas de gestionar fondos públicos.
“Nos pronunciamos en contra del uso de fondos del Estado por parte de los diputados del Congreso, porque nuestro deber es legislar. Esta bancada rechaza el uso de esos fondos”, expresó.
“Se está preparando un proyecto de ley para derogar el uso de fondos del Estado de Honduras por parte de los diputados. Implica la derogación de un artículo constitucional y uno de la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, agregó.
Ramos indicó que actualmente no existe disposición en el Congreso para aprobar un proyecto de este tipo, pero que su bancada tiene el deber de presentarlo.
“Es un proyecto que la ciudadanía exige, porque no quiere que los diputados manejen fondos. Son recursos que no se pueden auditar y el mismo Congreso pone trabas para investigarlos”, concluyó.
¿Qué se necesita?
Por su parte, Silvia Ayala, diputada de Libre, afirmó que para derogar las subvenciones se necesita una reforma constitucional que requiere 86 votos, es decir, mayoría calificada, y su ratificación en la siguiente legislatura.
“El tema de las subvenciones está consignado en la Constitución. Requiere de una reforma constitucional que necesita 86 votos y ser ratificada en la siguiente legislatura”, declaró.
Consultada sobre si deben dejar de emitirse subvenciones, respondió que habría que hacer una valoración, ya que es la población quien solicita las ayudas al Congreso a través de los diputados.
“Lo que ha habido es un cuestionamiento al fondo por los malos manejos que se han dado en el pasado y en una situación particular. Hay que valorar si la población ya no solicitará o esperará que lo haga el Congreso”, manifestó.
MP en acción
Fiscales del Ministerio Público y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se presentaron en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Copán, para realizar inspecciones y secuestro de documentos.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, indicó que estas acciones buscaban verificar el uso de los recursos otorgados por Sedesol como ayudas a la población que las solicitó.
La investigación es contra José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuellar, luego de la filtración de un video que evidenció el presunto uso de fondos públicos para la campaña política de Libre. Uno de los principales implicados, el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, tuvo que renunciar el viernes anterior.
Cardona y Cuellar protagonizan una conversación en la que hablaban de millonarios fondos presuntamente destinados a actividades políticas de Libre en Copán.
Por ello, el vocero del MP explicó que fiscales y agentes de la ATIC están inspeccionando y asegurando documentos para comprobar cómo se otorgaron esos recursos. Asimismo, en Copán, otro grupo de agentes realizó inspecciones de campo para constatar las donaciones realizadas por los investigados.
Se esperaba que la diputada Isis Cuellar, quien se ha mantenido en silencio, se presentara ante el MP el pasado miércoles, pero no acudió.
