Redacción. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) destituyó 17 funcionarios acusados de colaborar con personas privadas de libertad. La medida forma parte de una estrategia más amplia para recuperar el control en los centros penales y depurar el sistema penitenciario.
La decisión responde a una serie de investigaciones internas que identificaron prácticas irregulares dentro del sistema penitenciario, donde algunos empleados habrían facilitado beneficios indebidos a los reclusos, afectando la seguridad y el funcionamiento institucional.
Según informó el INP, las destituciones se enmarcan en un conjunto de acciones orientadas a fortalecer la gobernabilidad en las cárceles, reducir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos tanto de los internos como del personal penitenciario.
Asimismo con la finalidad de mejorar las condiciones de vida, las autoridades resolvieron clausurar de manera definitiva los Centros Penitenciarios de Trujillo, Colón, y La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
El cierre de estas instalaciones responde a múltiples factores, entre ellos: el deterioro estructural, lo que compromete la seguridad de los internos y del personal penitenciario; la sobrepoblación; y condiciones inadecuadas para el cumplimiento efectivo de los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción Social.
Antecedentes
El Centro Penitenciario de Trujillo, Colón, albergaba a 293 personas privadas de libertad. Construyeron su infraestructura de adobe, ladrillo y lámina en 1526, pero no la habilitaron como recinto penitenciario hasta 1890. En 2019, las fuertes lluvias derrumbaron el muro perimetral, y las autoridades lo reconstruyeron de inmediato.
Mientras que el Centro Penitenciario de La Esperanza, Intibucá, está ubicado en el centro de la ciudad y, con el bloqueo de señal telefónica, afecta a los vecinos del lugar. Según el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la construcción se realizó entre los años 1850 y 1901.
El edificio funcionaba como cuartel. A partir de 1950, albergó la sede de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), además de operar como centro penitenciario. Actualmente, su condición física es deplorable, lo que representa una de las razones principales para reubicar a las 243 personas privadas de libertad con diferentes condiciones jurídicas.
En paralelo, el sistema penitenciario avanza en la fase final del traslado de aproximadamente 6,000 internos, quienes están siendo reubicados en distintas cárceles del país. El enfoque principal está en los nuevos módulos de máxima seguridad, diseñados para albergar a miembros de maras, pandillas y estructuras criminales organizadas.
Eliminarán los altares del mal
Por su parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, afirmó que se está trabajando en la mejora de los centros penitenciarios en Honduras.
Asimismo, señaló que se eliminarán todos los altares dedicados al mal que se encuentren en las celdas, ya que solo se permitirá la colocación de altares que promuevan el bien.
Además, indicó que, a partir de ahora, los reclusos serán ubicados según su nivel de peligrosidad. El objetivo es mantener un mejor control y garantizar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
