Redacción. Un gesto poco común se llevó a cabo ayer viernes 6 de junio por el jefe de la Policía Nacional en Islas de la Bahía, Lisandro Muñoz, quien llevó pan y agua a varios ciudadanos detenidos en las celdas de la jefatura policial en Roatán.
La acción quedó captada en video y se ha difundido en redes sociales, donde se observa al oficial entregando una bandeja con panes blancos y botellas de agua a los detenidos. Según explicó el comisionado, el objetivo fue generar empatía y recordar que, pese a haber cometido faltas, los detenidos siguen teniendo sus derechos.
“Estamos haciendo algo diferente, generando empatía. Ellos están detenidos por varias faltas, pero como jefe de la Policía les traemos un pancito para comer”, expresó Muñoz.
Los detenidos habían sufrido arresto desde el jueves por alteraciones al orden público, realizar piques en motocicleta y poner en riesgo a otros ciudadanos durante la noche y madrugada.
Reflexión tras las rejas
Tras recibir el alimento, algunos de los arrestados expresaron su arrepentimiento. Uno de ellos, ya liberado, afirmó: “Yo estuve detenido por mi propia estupidez, por andar loqueando en la calle y no le deseo eso a nadie”.
Otros también llamaron a la reflexión: “Dejen de tomar en la calle, mejor tomen en su casa” y “Esos que andan en las motos mejor encomendémonos a Dios y dejemos de andar loqueando”.
El agente compartió con los detenidos.
Finalmente, el jefe policial recordó que toda persona que altere la paz pública será detenida por al menos 24 horas, conforme a la ley.
El artículo 574 del Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta 200 días por perturbar el orden público en grupo y con violencia.
Redacción. El Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso, emitió un fallo condenatorio en contra de Brayan Joel Gonzáles, culpable de los delitos de femicidio y violación en perjuicio de una joven mujer.
La medida se dictó por unanimidad de votos por ambas acusaciones y se le confirmó a las partes procesales en la audiencia de lectura del fallo. El juicio oral y público en este caso se celebró en los juzgados de Danlí.
A Gonzáles lo acusó de manera formal la Fiscalía Especial de Protección de la Mujer (FEP-MUJER) de la regional de oriente, por los delitos antes mencionados en perjuicio de la joven Tiaren Dinexi Ardón Flores.
El responsable podría pasar más de 40 años en prisión.
Ahora, queda pendiente la fecha y hora de la audiencia de individualización de la pena, donde el tribunal determinará cuantos años deberá de cumplir en prisión.
De acuerdo con el parte de la FEP-MUJER, los hechos ocurrieron durante la noche del 8 de enero del 2022, cuando el condenado ingresó armado con un cuchillo a la casa de habitación donde estaba la fémina.
Según la declaración de la tía de Tiaren, el agresor la amenazó, luego la ató y posteriormente se dirigió a la habitación de la joven, donde la agredió física y sexualmente.
Tras algunas horas, el cuerpo sin vida de la joven se localizó bajo un puente en la colonia Betel de Danlí, El Paraíso. Autoridades policiales y de Medicina Forense realizaron el levantamiento y procedieron con las investigaciones.
El caso de Tiaren Dinexi Ardón Flores causó conmoción en Danlí.
Una vez que se practicó la autopsia, los estudios revelaron que la causa de muerte de la joven era asfixia por estrangulamiento. Sumado a ello, el cuerpo tenía múltiples signos de violencia física (golpes).
En el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes para demostrar la culpabilidad del ahora condenado. Entre ellas, restos biológicos y el testimonio de testigos.
Según el Código Penal de Honduras, el delito de femicidio tiene una pena máxima de 25 años de prisión, mientras que la violación agravada puede ser castigada con hasta 13 años de reclusión.
Ambas penas serán solicitadas en la audiencia de determinación de la pena concreta.
Redacción. Paola Sánchez, una joven madre soltera de 26 años originaria del departamento de El Paraíso, viajó recientemente a Tegucigalpa para participar en una feria de empleo organizada por el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Su objetivo principal es obtener un trabajo que le permita cubrir el tratamiento médico de su madre, diagnosticada con cáncer de tiroides.
Según relató durante una transmisión en vivo, el tratamiento requerido solo se encuentra disponible en El Salvador y tiene un costo aproximado de 90,000 lempiras. La joven indicó que su situación económica no le permite asumir dicho gasto, por lo que ve en el empleo su única salida inmediata.
Además del diagnósticode su madre, Sánchez enfrenta otras dificultades: su padre sufre de una úlcera en el pie que le impide trabajar con normalidad. Además, ella es responsable de dos hijas menores de edad.
Paola Sánchez no cuenta con un título académico más allá del sexto grado de primaria, ya que creció en una zona rural sin acceso a centros educativos. Sin embargo, ha desempeñado distintos oficios, como guardia de seguridad y personal de limpieza. En ese sentido, se encuentra dispuesta a realizar cualquier labor honrada que le proporcione un ingreso estable.
Durante la feria, el director del Infop, Carlos Suazo, se comprometió públicamente a acompañarla en la búsqueda de una oportunidad laboral entre los distintos stands de las empresas participantes. También se planteó la posibilidad de que, en caso de no ser contratada por el sector privado, el Infop le brinde una opción laboral temporal o formativa.
El caso de Paola Sánchez refleja parte de la realidad laboral del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno en la creación de empleos públicos, el sector privado ha experimentado una reducción significativa de plazas en los últimos meses. Según organizaciones empresariales, solo en el área de maquila se han perdido alrededor de 4,000 empleos durante el último año debido al cierre de varias fábricas.
Finalmente, Sánchez ha puesto a disposición su número telefónico: 9255-3445. Lo comparte con quienes deseen apoyarla económicamente. Actualmente, busca empleo y necesita cubrir el tratamiento de su madre.
A pesar del agotamiento y la desesperación, Paola no ha perdido la fe.
Redacción. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) logró que se dictara auto de formal procesamiento contra la agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Kenia Xiomara Herrera Flores, señalada por la supuesta comisión de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y privación injusta de la libertad, luego de ejecutar una orden de captura vencida.
Durante la audiencia inicial, la jueza competente determinó que Herrera Flores enfrentará el proceso penal bajo medidas distintas a la prisión preventiva, por lo que se le permitirá defenderse en libertad.
Asimismo, se programó la audiencia preliminar para el próximo 13 de junio de 2025 a las 10:00 de la mañana. Ese día se analizarán más a fondo los elementos probatorios presentados por la fiscalía.
El requerimiento fiscal establece que la agente ejecutó en 2024 una orden de captura que había perdido validez desde el año 2011, cuando el sospechoso fue capturado y posteriormente beneficiado con carta de libertad. Pese a contar con una copia del expediente, la imputada no revisó el estado actual de la orden en el Sistema Nacional de Registro de Casos de Investigación (NACMIS), lo cual habría evitado la detención indebida.
Según el Ministerio Público (MP), Herrera actuó de manera negligente o con conocimiento de que la orden ya no estaba vigente. Y, mediante engaños capturó a la víctima, quien permaneció una noche privada de libertad sin justificación legal.
Comunicado del Ministerio Público.
El afectado interpuso la denuncia por detención ilegal. Posteriormente, tras las respectivas diligencias investigativas, el Ministerio Público concluyó que la responsabilidad recae sobre la agente Kenia Herrera.
Redacción. La Policía Militar del Orden Público (PMOP), dirigió ayer, viernes, la destrucción de más de 30 paquetes de clorhidrato de cocaína, decomisados en múltiples operativos a nivel nacional.
El proceso se realizó precisamente en el complejo de la institución, ubicado en la aldea Las Casitas de Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras. La quema de la evidencia es uno de los últimos pasos en el proceso de incautación.
Hasta el sitio, además de los elementos militares, llegó personal de otras instituciones para dar fe y legalidad a la acción. Entre ellas, Medicina Forense, quien realiza las pruebas de campo a los paquetes para confirmar que se trata de droga.
La cocaína se destruye con el fin de que no circule en las calles del país.
Del mismo modo, participaron el Cuerpo de Bomberos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), el personal de los juzgados en materia penal, entre otros.
En la acción se destruyeron 39 paquetes de cocaína, decomisados por diferentes entes de seguridad del Estado de Honduras.
Por esta incautación se le dio captura a tres personas. Todas ellas guardan prisión en un recinto penal del país acusados del delito de tráfico de drogas agravado.
El proceso se ejecuta bajo estrictas medidas de seguridad.
Para realizar la incineración, el primer paso es llevar hasta el lugar los paquetes, ordenarlos y contarlos. Luego, el personal de Medicina Forense práctica las pruebas Scott, mismas que arrojan una tonalidad azul, evidenciando que se trata de cocaína.
Acto seguido, los paquetes de cocaína se acomodan en «fogatas», se les acompaña con pedazos de madera, se les rosea gasolina y luego enciende fuego. Tras algunos minutos, queda completamente destruida.
Desde las Fuerzas Armadas se han ejecutado varios decomisos de droga durante el 2025.
Redacción. Un atentado ocurrido la noche de ayer en la colonia Rosa de Zaron dejó como saldo dos personas fallecidas.
Las víctimas fueron identificadas como José Orlando García, de 49 años, y su hermano Marco Antonio García, de 44 años, ambos originarios y residentes de la aldea El Sifón, en Ajuterique, Comayagua.
Los cuerpos fueron encontrados boca arriba, juntos a dos motocicletas que se presumen les pertenecían a las víctimas. Esta escena descarta la hipótesis de un posible robo como móvil del crimen.
Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon este hecho violento permanecen sin esclarecerse. Equipos de la Policía Nacionaly agentes de investigación se desplazaron al lugar para recopilar evidencias y tomar declaraciones de posibles testigos que ayuden a esclarecer los motivos y responsables del crimen.
A los hombres les dispararon en una solitaria calle.
Especialistas en Medicina Forense del Ministerio Público acudieron para realizar el levantamiento de los cuerpos y proceder con las autopsias correspondientes.
Este trágico caso se suma a la lista creciente de actos violentos que afectan a Comayagua, evidenciando la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades.
Los cuerpos los movilizaron a la morgue.
Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre el caso. Este crimen enluta a una familia hondureña y genera profunda indignación en la comunidad.
La situación ha provocado gran preocupación tanto en las autoridades como en la población local, quienes enfrentan un clima de creciente inseguridad y temor. Factores como el narcotráfico, el crimen organizado y la escasez de recursos para combatir la violencia contribuyen a este preocupante panorama que afecta a diversas comunidades de la región.
Redacción. A pesar del millonario gasto de más de 1,200 millones de lempiras, los hospitales móviles adquiridos en 2020 hoy solo funcionan parcialmente y, en su mayoría, han sido adaptados para atender necesidades distintas a las que motivaron su compra durante la crisis del covid-19.
En Tegucigalpa, el hospital móvil se ha incorporado como un anexo del Hospital Escuela, ahora bajo el nombre de hospital modular. Actualmente, se utiliza exclusivamente para realizar cirugías ambulatorias, en su mayoría ortopédicas, con una media de entre seis y doce intervenciones diarias. Sin embargo, las condiciones del lugar siguen presentando deficiencias. Se ha reportado que el techo de la sala de cirugía comienza a deteriorarse y la máquina desinfectante se encuentra en mal estado.
Desde el Gobierno se reconoce que la situación no es óptima. Sin embargo, aseguran hacer lo que se puede. Raúl Barahona, jefe de la red hospitalaria, aseguró: «nosotros estamos haciendo todo lo posible para que cada hospital realmente pueda brindar un servicio y que no sea una pérdida total de la inversión que se hizo y lo estamos utilizando de la manera más responsable y legalmente posible».
Raúl Barahona, jefe de la red hospitalaria.
Añadió que uno de los hospitales que no funciona completamente es el de Juticalpa, ya que llegó incompleto: «hubo un vagón que llegó tarde y otro vagón no llegó».
Uso alternativo ante la necesidad sanitaria
Del total de siete hospitales móviles adquiridos, algunos se han adoptado para otros fines médicos. En San Pedro Sula y Copán funcionan como salas de atención para pacientes con dengue, mientras que en Choluteca opera como un anexo hospitalario. En Atlántida, por su parte, el hospital funciona para atender emergencias y brindar atención a afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Para la doctora y diputada del Partido Liberal, Claudia Ramírez, estos centros podrían ayudar a hacer frente a la crisis sanitaria actual. Considera que, con una adecuada readecuación, podrían funcionar de mucho. No obstante, lamenta que no haya voluntad por parte del Estado. «Para readecuarlos y reconstruirlos para que sean funcionales, incluso se habló de la emergencia que se dio en Roatán para venir y acuerpar a todas las necesidades que pudieran surgir allá pero no se hizo nada», opinó.
Claudia Ramírez, diputada del Partido Liberal.
En una posición similar, Blanca Munguía, directora de salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), subrayó que el daño causado por la inversión con escasos resultados no puede ser olvidado. Aun así, remarcó que los hospitales podrían tener utilidad ante las necesidades existentes. «No es que se va a olvidar todo el daño de esa inversión con pocos resultados, sin embargo hoy tenemos esos hospitales y hay una necesidad básica por lo que podrían ser utilizados», externó.
Redacción. Durante la madrugada de este sábado, personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) llevó a cabo un operativo en el mercado Zonal Belén, que resultó en el retiro de varios puestos de venta y la confiscación de mercadería perteneciente a comerciantes informales.
Los vendedores afectados aseguran que la acción se realizó sin previo aviso y sin una explicación oficial en el momento del decomiso. Según sus testimonios, muchos de los productos retirados habían sido adquiridos a crédito, lo que agrava su situación financiera.
Tras el desalojo, decenas de comerciantesse concentraron frente al mercado para protestar, exigiendo la devolución de sus productos y una respuesta de las autoridades. La manifestación incluyó consignas y presencia constante en la entrada del establecimiento donde tenían sus puestos.
Los vendedores afectados aseguran que no recibieron notificación previa sobre el desalojo ni sobre la reubicación.
Ante la protesta, el gerente de Orden Público de la AMDC, Marco Méndez, confirmó que el operativo forma parte de un proceso legal relacionado con la remodelación del inmueble, cuya solicitud fue presentada por el propietario del terreno. “Sí traíamos orden para desalojarlos”, aseguró Méndez. Explicó que el objetivo es permitir que se inicien las obras de construcción, previamente autorizadas por la alcaldía.
Méndez también indicó que la alcaldía está dispuesta a dialogar con los vendedores afectados y propuso una reubicación en zonas donde no interfieran con el uso del inmueble y puedan continuar sus actividades comerciales. La reunión está programada para las 10:00 a.m. de este sábado en las oficinas de la Gerencia de Orden Público.
Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central.
La Policía Nacional se mantiene en la zona con el fin de preservar el orden público mientras continúan las conversaciones entre ambas partes.
Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores y se mantiene abierta la vía al diálogo.
AFP. Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a El Salvador, fue finalmente repatriado a Estados Unidosen horas de la noche del viernes. ¿Cuál es la razón de su regreso?
Su caso generó controversia y se convirtió en un punto de tensión política, al evidenciar fallos en la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración del expresidente Donald Trump.
Este anuncio llega tras un pulso entre el gobierno y los tribunales federales, incluida la Corte Suprema, que ordenó «facilitar» el regreso de este salvadoreño que estuvo preso casi tres meses en El Salvador.
«Ábrego García ha aterrizado en Estados Unidos para enfrentar la justicia», declaró Bondi en una rueda de prensa. Ahí recalcó que su retorno se debe a una orden de detención.
«Nuestro gobierno presentó a El Salvador una orden de arresto y aceptó devolverlo a nuestro país», añadió la fiscal general, que dio las gracias al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Este último lo confirmó. «Trabajamos con la administración Trump. Y si solicitan el regreso de un pandillero para que enfrente cargos, por supuesto que no nos negaríamos», escribió Bukele en la red social X.
«No más margaritas bajo custodia», ironizó. Eso lo dijo al recordar la polémica creada cuando el gobierno permitió al congresista demócrata Chris Van Hollen reunirse con Ábrego García en el restaurante de un hotel salvadoreño.
Una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el regreso de Ábrego García «no tiene nada que ver con su deportación original».
¿Por qué regresó a Estados Unidos?
«No hubo ningún error», declaró Jackson en X. «Regresa porque una nueva investigación ha revelado crímenes TAN ATROCES, cometidos en Estados Unidos. Solo el sistema judicial estadounidense podría exigirle plena responsabilidad», añadió usando mayúsculas.
Ábrego García, de 29 años, vivía en Maryland (noreste) hasta que se convirtió en uno de los más de 200 migrantes enviados a una prisión de El Salvador en marzo como parte de la ofensiva de Trump contra la migración irregular.
La administración envió en varios vuelos a 238 venezolanos, entre ellos presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, en virtud de la Ley de enemigos extranjeros de 1798, utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra.
Pero también a varios presuntos integrantes de la pandilla MS-13.
Hasta ahora, el gobierno acusaba a Ábrego García, casado con una estadounidense, de ser miembro de la MS-13, una acusación que su familia y abogados niegan y por la que ningún tribunal lo ha condenado.
Kilmar Ábrego García es acusado en EE. UU. de transportar inmigrantes no autorizados.
Los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que expulsaron al salvadoreño por un «error administrativo».
Y es que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.
Bondi aseguró que Ábrego García ha «desempeñado un papel importante en una red de tráfico de migrantes» y que es traficante de «niños y mujeres», así como de miembros de «la MS-13» y «de organizaciones terroristas en todo el país».
«Este acusado traficó armas y narcóticos por todo nuestro país en múltiples ocasiones», declaró sobre el migrante, inculpado por un gran jurado de Tennessee.
También lo vinculó con una red de tráfico de personas «responsable de la muerte de más de 50 migrantes en 2021, tras el vuelco de un tráiler en México».
«Será devuelto»
Según Bondi, si lo declaran culpable y cumple su condena, lo devolverán a su país.
«Será procesado en nuestro país, será sentenciado» y «si es declarado culpable, será devuelto al cumplir su condena», dijo.
En una rueda de prensa, el abogado del migrante, Simon Sandoval-Moshenberg, cargó contra el gobierno.
«Lo que sucedió hoy es exactamente lo contrario del debido proceso, porque el debido proceso significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después», protestó.
Kilmar Abrego, de 29 años de edad.
En un comunicado, el senador demócrata Van Hollen afirmó que la administración tendrá ahora que «presentar su caso ante los tribunales, como debió haberlo hecho desde el principio».
Según la acusación formal, Ábrego García participó en el tráfico de migrantes indocumentados. Los hechos ocurrieron entre 2016 y principios de este año. Las personas eran originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países. El destino final: Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, advirtió en X: «La justicia espera a este salvadoreño».
Redacción. Un hombre originario de El Triunfo, Choluteca, identificado como Óscar Estrada, falleció la noche de ayer viernes tras ser atropellado en el Canal Seco, a la altura del desvío que conduce al municipio de Lamaní, en Comayagua.
Según testigos, Óscar intentaba cruzar la carretera en dirección a una pulpería cercana cuando fue embestido por un vehículo pick-up que circulaba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que el hombre perdió la vida casi de manera inmediata.
Vecinos del lugar alertaron a las autoridades y cuerpos de socorro, quienes llegaron al sitio solo para confirmar que Estrada ya no presentaba signos vitales. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y localizar al conductor, quien según se informó, habría abandonado la escena.
Este hecho ha generado consternación entre los pobladores de la zona, quienes exigen mayor señalización y medidas de seguridad vial en esa peligrosa intersección.
Miembros de la Policía Nacionalse personaron para iniciar con las investigaciones del caso y deducir responsabilidades.
La DNVT reporta que en lo que va del año 2025, más de 730 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en Honduras.
Los accidentes de tránsito continúan siendo una grave preocupación en el país, posicionándose como la segunda causa de muerte violenta, únicamente superada por los homicidios.
Entre las principales causas de estos siniestros figuran la imprudencia al volante, como el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas y el uso del celular mientras se conduce. También, se señalan la desobediencia a las señales de tránsito y, en el caso de atropellos, la imprudencia de los peatones.
