Redacción. En libertad quedó este miércoles la ciudadana Carmen Lucía Matamoros Hernández, quien permanecía detenida por haber hecho una remodelación a su casa, ubicada en el casco histórico de Catacamas, Olancho.
El caso generó debate en la población olanchana, que desde hace varios días se manifestó pacíficamente en apoyo a la hondureña.
“Es una alegría para el pueblo olanchano que la justicia tenga misericordia de una persona inocente que cometió un delito de bagatela”, expresó el abogado Juan Pablo Castro en una entrevista a medios locales.
Matamoros Hernández había recibido una pena de tres años de prisión en el centro penal de Juticalpa, una condena arbitraria y severa, según la población.
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Sin embargo, la juez que conoce la causa le otorgó medidas sustitutivas luego de 25 días de estar recluida en el centro penal de Juticalpa.
La mujer regresó entre abrazos y lágrimas de alegría con sus seres queridos, quienes lucharon por su libertad.
Pobladores piden a la municipalidad local que retome el tema del casco histórico de Catacamas, ya que son 160 familias las que no pueden hacer ninguna mejora a sus viviendas, debido al decreto que hay vigente en el lugar.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Los hechos por los que se sentenció a Carmen Matamoros ocurrieron en 2020. Según la acusación de la fiscalía, la imputada alteró la fachada del edificio ubicado en el centro histórico de Catacamas.
En septiembre de ese año demolió el 50 % de la fachada del inmueble para construir una vivienda con características convencionales. Utilizó materiales como concreto fundido, lámina de zinc y ladrillo rafón; estos no son compatibles con las técnicas constructivas del inmueble patrimonial.
Es por ello que personal del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) inspeccionó el lugar, encontrando que el inmueble de Carmen Matamoros ya estaba construido y que la alteración al patrimonio ya se había realizado sin seguir los lineamientos técnicos de la institución.
La imputada llevó a cabo la demolición y construcción sin contar con el permiso respectivo ni la autorización establecida en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
