Redacción. La cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los hondureños, anunciada el pasado 7 de julio por el Gobierno de Estados Unidos, generó alarma entre más de 55,000 connacionales que hoy están amparados bajo este programa migratorio.
Frente al panorama, la abogada experta en migración Marcela Caro hizo un llamado urgente a los beneficiarios para que acudan únicamente a abogados de migración debidamente acreditados y eviten cometer errores que podrían llevarlos a la deportación.
“Los tepesianos acá (EE. UU.) tengan calma; avóquense a abogados de migración acreditados”, recomendó Caro durante su participación en un foro televisivo nacional, donde analizó los efectos de la cancelación y los pasos legales que deben seguir quienes estaban protegidos por el TPS.
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Críticas por falta de acción diplomática
Caro también fue crítica con el papel del Gobierno de Honduras en el proceso de negociación con EE. UU., asegurando que no se ha producido un acercamiento real ni estratégico entre Tegucigalpa y Washington para defender los intereses de los tepesianos.
“Si tuviéramos buena relación, hubiésemos tenido la visita del secretario (de Estado de EE. UU.), Marco Rubio. Es ahí donde empiezan las negociaciones directas, a través de la base migratoria”, señaló la abogada.
A su juicio, la presidenta Xiomara Castro no ha logrado establecer un vínculo fuerte con la Casa Blanca, a diferencia de otros mandatarios de la región que han logrado preservar acuerdos migratorios por su alineación política y diplomática.
“(Honduras) no ha tenido un acercamiento real hacia la Casa Blanca. El presidente (de EE. UU.) Donald Trump está alineado. El que esté alineado políticamente y que sea colaborador directo, como ha sido Nayib Bukele (presidente de El Salvador)”, expresó.
¿Qué implica la cancelación del TPS?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) notificó que el TPS para Honduras llegará a su fin 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal, lo que ubicaría su vencimiento a inicios de septiembre de 2025.
Durante este plazo, los hondureños inscritos aún podrán mantener sus permisos de trabajo y residencia temporal. Pero una vez vencido el periodo, perderán su estatus y pasarán a estar en situación migratoria irregular.
Este programa había estado vigente desde el 5 de enero de 1999, como una medida humanitaria adoptada por EE. UU. tras el paso del huracán Mitch en 1998, el cual dejó una profunda crisis humanitaria y económica en Honduras.
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