Redacción. En un pronunciamiento conjunto, las Cámaras de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), de Cortés (CCIC) y de Atlántida (CCIA) expresaron su profunda preocupación ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contra el artículo 31 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, Decreto Legislativo 161-2000.

La acción judicial fue presentada el 30 de enero de este año por el abogado Riki Nelson Dubón Turcios, en su calidad de apoderado legal de la ENEE, alegando que el mencionado artículo contradice el artículo 110 de la Constitución de la República. Dicho artículo constitucional reconoce el derecho de las personas naturales, con libre administración de sus bienes, a resolver sus asuntos civiles por transacción o arbitraje.

Ante esta postura, los gremios empresariales subrayaron que “la interpretación del artículo 110 no debe ser restrictiva, limitándola únicamente a personas naturales”. Resaltan que debe entenderse en un sentido inclusivo que abarque a todas las partes, incluyendo al Estado.

“La Ley de Conciliación y Arbitraje ha sido una herramienta efectiva para modernizar el sistema jurídico nacional y está en armonía con los tratados internacionales suscritos por Honduras”, indicaron las Cámaras de Comercio.

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En su artículo 31, esta ley establece que “el Estado podrá someter a arbitraje las controversias derivadas de los contratos que suscriba con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”.

Perspectiva 

Las Cámaras sostienen que este artículo no obliga al Estado, sino que le faculta, y señalan que esta ha sido una práctica común y aceptada. Asimismo, las organizaciones señalaron que los métodos alternativos de solución de conflictos como la conciliación y el arbitraje “fortalecen la seguridad jurídica, reducen la mora judicial y promueven una cultura de diálogo y eficiencia”.

Destacaron que estos mecanismos han ganado la confianza de empresas nacionales, extranjeras y del propio Estado, durante los 25 años de vigencia de la ley.

Aunque reconocen el derecho constitucional de interponer acciones de inconstitucionalidad, los centros de arbitraje alertan que este recurso puede interpretarse como un intento de debilitar un sistema que ha demostrado ser confiable, eficiente y moderno.

«Como administradores de Centros de Conciliación y Arbitraje, expresamos nuestra profunda preocupación por iniciativas. En la práctica, podrían desmantelar un sistema voluntario, eficaz y confiable», señalaron.

Además, advierten que el recurso de la ENEE podría generar percepciones de inestabilidad jurídica. Esto podría “afectar negativamente el clima de inversión y la reputación del país como un destino confiable para los negocios”.

Finalmente, las Cámaras advirtieron que eliminar los métodos alternos de resolución de conflictos perjudicaría la competitividad del país. En sus palabras, esta medida “convertirá sencillamente a Honduras en un país menos competitivo en un mundo globalizado”.