Redacción. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señaló que sólo tres países de América Latina, Venezuela, Cuba y Nicaragua, no cuentan con verificación humana previa a la divulgación de resultados preliminares en procesos electorales.
Según un estudio realizado por la organización, las demás naciones latinoamericanas analizadas sí incorporan una etapa de control humano antes de que los datos sean publicados.
En total se examinaron trece países y diez de ellos (México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Panamá y República Dominicana) utilizan sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares con revisión humana.
El informe indica que, en contraste, Venezuela, Cuba y Nicaragua no presentan evidencia de mecanismos de validación por parte de personas. En estos países, de acuerdo con el Cohep, los procesos dependen exclusivamente de la tecnología o no se identificaron disposiciones normativas que aseguren una revisión técnica previa a la publicación de los resultados preliminares.
La investigación se basó en el análisis de leyes, reglamentos e instructivos oficiales de los países consultados a fin de identificar si los sistemas de transmisión electoral incluyen intervención humana como parte del proceso de validación.
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Debate en Honduras
La publicación de los hallazgos coincide con un debate interno en Honduras sobre la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025.
La mayoría de integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó que las personas verifiquen las actas antes de divulgar los datos preliminares. Pero el consejero Marlon Ochoa, afín al partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), se ha opuesto a esta decisión.
Ochoa plantea que el sistema TREP opere sin intervención humana. El sistema debe publicar automáticamente las actas tal como las transmiten las Juntas Receptoras de Votos, incluso si contienen errores, inconsistencias o irregularidades. Su propuesta elimina el filtro de revisión antes de que los partidos políticos reciban las copias de las actas.
El partido Libre respalda esta postura, al igual que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
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