Padre de Berta Cáceres desautorizado a hablar por la familia

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TEGUCIGALPA. Berta Isabel Zúniga Cáceres, hija de la destacada defensora de los pueblos indígenas, Berta Cáceres, manifestó este jueves que las únicas autorizadas para hablar en nombre de su familia son ellas como hijas y su abuela Austra Flores.
Las declaraciones surgen luego de que José Cáceres Molina, padre de la reconocida ambientalista, mencionara en varios medio de comunicación que “utilizaron a mi hija para hacer proselitismo”.

En ese sentido, Zúniga Cáceres dijo que la opinión de mi abuelo “es de él y únicamente de él”. Al tiempo que expresó “hemos dicho públicamente que las voceras de su familia somos sus hijas y su hijo”.

Imagino que en todas las familias hay diversos puntos de vista, lo cual no expresa la visión que tenemos como familia.
Reveló que “él tuvo muy poco contacto con mi madre quien fue criada prácticamente por mi abuela quien es la única que conoció del trabajo de mi madre”.

Consideró, que su abuelo no conoció el desempeño de su hija y que solo se “enteraba por lo que los periódicos decían o la información que deambulaba, pero en realidad no participó en la crianza de mi mami y no tuvo una relación cercana de un padre.

Por otra parte, manifestó que “nosotros hemos hecho expreso que el asesinato de mi madre es un crimen político en el sentido de la lucha que ella realizó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por los bienes comunes de la naturaleza”.

“Nos preocupa que las líneas de investigación no se centren en dar prioridad cuando convenciones internacionales se manifiestan que cuando un defensor derechos humanos es asesinado se debe investigar las causas de su trabajo que realizaba”, enunció.

Berta Cáceres fue asesinada en su casa en la localidad de La Esperanza, a unos 190 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, después de que entraran en su domicilio dos hombres con armas de fuego.

Cáceres fue líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y desde 2009 gozaba de medidas cautelares de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).