Redacción. La violencia homicida continúa siendo una de las expresiones más crudas y persistentes de la crisis estructural que enfrenta Honduras. Así lo advirtió Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Con base en los datos más recientes del observatorio, Ayestas confirmó que Honduras se mantiene como el país más violento de Centroamérica, con un promedio de seis homicidios diarios.
Este alarmante indicador posiciona al país en una situación crítica en términos de seguridad ciudadana, reflejando no solo la persistencia de la criminalidad, sino también la debilidad institucional para contenerla.
La directora de la OV-UNAH detalló que un componente especialmente preocupante es que el 45 % de las víctimas de muertes violentas son niños, niñas y jóvenes menores de 29 años.
Esta cifra revela el impacto desproporcionado que la violencia tiene sobre las generaciones más jóvenes, muchas de las cuales se ven atrapadas entre dos opciones igualmente desgarradoras: migrar o ser absorbidas por estructuras criminales que dominan ciertos territorios del país.
“Se quedan y son reclutados, muchos están obligados a pertenecer a grupos criminales o, por ver, oír y no poder decirlo, están siendo víctimas de la violencia”, explicó Ayestas, al describir el entorno hostil en el que viven miles de jóvenes hondureños.
Lea también: UNAH anuncia pavimentación y mejoras eléctricas en campus de Cortés
Dificultad
La directora del OV-UNAH señaló que la criminalidad organizada, tanto nacional como transnacional, es la principal responsable del elevado número de homicidios en el país.
También destacó el auge de la delincuencia común, que ocupa ahora un segundo lugar preocupante, con incidentes que van desde riñas personales hasta asaltos y robos violentos.
Frente a este escenario, Ayestas hizo un llamado urgente con un enfoque integral y preventivo. “Por eso es necesaria la seguridad pública”, recalcó, subrayando la importancia de una respuesta estatal que no se limite al uso de la fuerza, sino que aborde también las raíces sociales y económicas de la violencia.
El informe igualmente advierte sobre otras formas de violencia que continúan devastando la vida de los hondureños: la violencia doméstica, los abusos contra la niñez, y la influencia destructiva de maras y pandillas, que siguen operando con altos niveles de impunidad.
“Estos actores desarrollan el accionar delictivo”, afirmó Ayestas, al referirse al poder que conservan estas estructuras en distintos territorios del país.
Aclaratoria
Ante las declaraciones de Ayestas, la Policía Nacional ofreció declaraciones a este medio para contextualizar los avances en materia de seguridad ciudadana. Las autoridades señalaron que el país ha experimentado una reducción histórica en los niveles de violencia, lo que refuerza el discurso oficial sobre seguridad.
De acuerdo con cifras emitidas por la institución, en 2016 se registraron 5,150 muertes violentas. Para 2025, la cifra se redujo a 1,556, lo que representa una disminución del 78 % en menos de una década.
La Policía subrayó que este logro ha sido posible gracias al respaldo de la actual administración de la Secretaría de Seguridad.
Otro factor que ha influido en la reducción de la violencia, según las autoridades, es la implementación del Estado de Excepción Parcial, el cual ha permitido:
-
El decomiso masivo de armas de fuego.
-
El aumento en la ejecución de órdenes de captura.
-
La detención de extraditables requeridos internacionalmente.
-
El debilitamiento de estructuras extorsivas, especialmente maras y pandillas.
La Policía concluyó que estos avances no deben minimizarse ni confundidos con percepciones erradas. “Honduras no es un país violento por naturaleza. Es un pueblo trabajador, solidario y apegado a la familia. El verdadero cambio está en marcha”, indicó.
Si bien las autoridades destacan logros importantes en materia de seguridad, los datos del Observatorio de la Violencia muestran que la violencia homicida sigue siendo una amenaza latente, lo que genera preocupación entre expertos y organizaciones de derechos humanos en el país.
